La Federación Universitaria Argentina (FUA) convocará a un paro total el próximo 26 de septiembre y a una movilización al Congreso de la Nación el 2 de octubre, contra el veto presidencial que prometió Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el jueves por el Senado con 57 votos a favor, una abstención y solo 10 votos en contra. La fecha de ambas acciones aún no fue oficializada pero ya fue deslizada en varios medios de comunicación.

El jueves pasado, casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, docencia investigación y extensión en las universidades.

Pese a que el impacto fiscal de la medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es del 0,14% del PBI, el presidente Javier Milei amenaza con vetarla.

Por si fuera poco, en el cálculo presupuestario que presentó el mandatario ante el Congreso, se definió que el Gobierno de La Libertad Avanza destinará $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exige $7,2 billones. “Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025”, reflexionó Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología.

“Pudimos acceder a las planillas y hacer un análisis pormenorizado y advertimos que hay una diferencia enorme y se explica porque básicamente el Gobierno no contempla la recuperación de los salarios”, dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis.

Según Moriñigo, “no hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy, ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”.

El lunes pasado, ante el escenario oscuro que ofrece el Gobierno, las federaciones se reunieron y definieron que el martes 24 de septiembre, tras una reunión del CIN, se anunciarán las medidas a tomar, entre ellas una nueva marcha para octubre, “salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”, lamentó Moriñigo.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y dirigente radical Emiliano Yacobitti, en tanto, aseguró que su objetivo no es plantear que “si hay veto hay marcha” sino tratar de que no se anule el financiamiento universitario ya que se traduciría en “tener una peor educación superior”.

“Tenemos que tratar de que no haya veto. Si hay veto va a continuar la pérdida de calidad día tras día en todas las universidades. Por ahí no es algo que se note hoy pero es algo que a muy corto plazo lo vas a notar”, señaló Yacobitti en diálogo con La Nación+.