Luego de que al dirigente piquetero Carlos Barraza le otorgaran prisión domiciliaria y luego la revocaran un día después, la Asociación de Abogados Penalistas del Chaco firmó un comunicado en el cual dan cuenta su preocupación porque entienden que funcionarios de Poder Ejecutivo y la Justicia fogonean discursos hacia determinados detenidos, que luego reproducen algunos medios y no respetan principios básicos, como el de inocencia hasta que el detenido sea juzgado.

“Desde un inicio de la causa, se han afectado garantías constitucionales mínimas de toda persona sometida a un proceso penal, no importa quien sea, Barraza es un ciudadano más de la provincia,  se le negó el derecho de defensa, a controlar la prueba de cargo, todo era secreto, incluso la supuesta denuncia anónima, como mera justificación, toda vez que siempre se supo que el denunciante era el mismo tesorero de la Asociación civil Humildad que presidia, era quien retiraba el dinero que le daba el Estado, era quien disponía del mismo para los fines o no de la asociación, sin embargo esto sirvió para impedir a la defensa poder controlar elementos de pruebas”, señalan en el comunicado.

En su rechazo hacia ciertas expresiones que marcan de autoridades judiciales, el documento adjunta una imagen de nuestra portal Alerta Urbana aduciendo ciertas manifestaciones del procurador adjunto Miguel Fonteina hacia Barraza que son de una cuenta trucha.

Finalmente, instan al gobernador y al presidente del Superior Tribunal a que se garantice el “debido proceso y la división de poderes” pidiendo que nadie interfiera con declaraciones que pueden influir en quienes deben juzgar a los procesados.