Diputados de Juntos por el Chaco solicitaron  a la Honorable Cámara de Diputado de la Nación que disponga la intervención federal de la Universidad Nacional del Chaco Austral –UNCAUS,  a fin de posibilitar su normal y pleno funcionamiento institucional y garantizar el cumplimiento del dictado de clases.

En su pedido, los diputados Ernesto Blasco,  Zulema Wannesson, Sebastián Lazzarini, Zulma Galeano, Carim Peche  Y  Carlos Salom acuden a la Cámara de Diputados de la Nación tras los graves acontecimientos que tiene en el foco de atención a la Uncaus por la Causa que “imputado al rector Gérman  Oestmann, y otros sobre abuso de autoridad y violación a deberes de  funcionario  público. (art.248), defraudación contra la administracion publica, malversación de caudales publicos (art.260), negociaciones incompatibles (art.265), infraccion art. 303 y asociacion ilicita”, expediente fre n° 2926/2023).

Los funcionarios decidieron acudir a Nación luego de que la Justicia Federal investigue y procese a Germán Oestmann por corrupción y fraude a la Administración Pública en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos del Estado nacional que estaban destinados a la Uncaus.

El procesamiento fue dictado por el juez federal Aldo Alurralde, quien acusó al administrador del mencionado centro de estudios provincial de participar de una asociación ilícita destinada a transferir los recursos que recibía de parte del Gobierno. Lo hacía a fundaciones y empresas que estaban a cargo de sus familiares y allegados.

La investigación advirtió la triangulación de fondos a través de transferencias entre las organizaciones y hasta con algunos de los implicados que integraban una fundación y facturaban servicios a otras.

Muchas de estas operaciones no tenían respaldos administrativos o eran deficientes y, además, los balances de las fundaciones estaban auditados por los contadores de otra, por lo que el contralor era recíproco”, se explica en la resolución.

Por el mismo hecho fueron procesados otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad, todos vinculados a la red en la que, además, se llevaban adelante otro tipo de ilícitos como el lavado de dinero.

En este sentido, el juez también le adjudicó tanto a Oestmann como a sus cómplices los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos.

En consecuencia, la resolución dictada por Alurralde establece también un embargo por 100 millones de pesos a cada uno de los procesados, además de la prohibición a todos de salir del país y la obligatoriedad de presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como expresión de estar a derecho.

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