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JUDICIALES

7 de mayo de 2024

Cae la causa Leandro Bravo: la perito de parte Creimer no está habilitada para ejercer en Chaco

La superintendencia del STJ informó que la médica perito de la querella en el caso Leandro Bravo, no está inscripta en la Nómina de Peritos en general, en la Especialidad Médicos Legistas, por lo tanto no puede ejercer la medicina en el territorio provincial. Con esto, peligra la causa contra cuatro policías de Charata, que desde el primer momento sostienen que esta es una causa armada.

La causa que investiga la muerte de Leandro Bravo en un operativo policial peligra, luego de que la Justicia de Chaco informe que la perito de la querella, Emma Virginia Creimer, está inscripta en la nómina de peritos en general, en la Especialidad Médicos Legistas, y por lo tanto no puede ejercer la medicina en el territorio provincial.

Esta información pone en jaque la reautopsia que dio curso a la investigación contra los cuatro uniformados de Charata: Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez, ya que fue en la segunda autopsia que se determinó que la muerte del joven se había producido por politraumatismos y "muerte por asfixia”.

En detalle, el documento de la segunda autopsia fue firmada por la médica forense Virginia Creimer, que en abril de 2022 afirmó que "Leandro Bravo estaba con el torso desnudo sin ninguna lesión, se combinaron con la compresión extrínseca del cuello y provocaron la muerte por asfixia de Leandro Bravo" lo que contradecía al primer informe del Instituto de Ciencias y Medicina Forense que en la primera autopsia que el deceso se produjo por “paro cardiorrespiratorio no traumático y muerte súbita”.

Ahora, con el comunicado de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, se inválida la segunda autopsia, por lo que la causa contra los cuatro policías de la ciudad de Charata que hace poco más de un mes quedaron en libertad a la espera del juicio público y oral pende de un hilo.

Además, toma fuerza la postura de la defensa, que desde un primer momento alega que es una causa armada.

Aunque aún no hay definiciones sobre la situación judicial de los imputados, esta información pone en el foco de atención la legitimidad del accionar de la Secretaría de Derechos Humanos de la gestión anterior, que destinó abultados gastos en causas patrocinadas por el organismo provincial.

 

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