El presidente Javier Milei firmó el Decreto 362/2024, a través del cual autorizó a Luis Caputo a tomar deuda con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para financiar, con el dinero resultante del préstamo, el Programa Alimentar. 

Se trata de un crédito de 400 millones de dólares con un plazo de 15 años, cuyos intereses deberán empezar a pagarse recién en tres años. Este viernes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que autoriza al Ministerio de Economía liderado por Caputo, a tomar deuda con la CAF, también conocida como Banco de Desarrollo de América Latina, para financiar el Programa Alimentar (ex Tarjeta Alimentar).

La administración del programa, una vez adquirido el préstamo, quedará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. Entre las condiciones del millonario préstamo, se establece que el plazo del mismo es de 15 años y que por los primeros tres años Argentina dispondrá de un “período de gracia” durante el cual no deberá pagar intereses ni amortizaciones.

La tasa de interés del crédito será la resultante “de sumar el SOFR al plazo aplicable y un 2%”. El SOFR, una tasa de interés fijada por la Reserva Federal de Estados Unidos, es actualmente de un 5,31%, lo cual sumado al 2% mencionado arroja que nuestro país deberá pagar intereses de más del 7% en dólares.

Sumado a los intereses que se puedan generar, Argentina deberá reembolsar el monto total en 25 cuotas semestrales a partir del mes 36, el tercer año, desde la firma del convenio, que, según el calendario, sería en los últimos días del actual mandato de Milei.

El contrato también especifica, en una de las cláusulas, que los recursos del préstamo deben ser utilizados "en estricto cumplimiento con lo previsto en el contrato" y advierte que, de ninguna manera, se podrán destinar a "actividades relacionadas, directa o indirectamente, con lavado de activos, ni con el financiamiento del terrorismo, ni por personas naturales y/o jurídicas relacionadas a las mismas, ni en relación con prácticas prohibidas”.

En línea, el acuerdo estipula la prohibición de que el Gobierno utilice los recursos para "actividades políticas". También está prohibido destinar los fondos para financiar "especulación, juegos de azar y casinos, operaciones relacionadas con la industria bélica, producción o comercialización de sustancias o especies contaminantes", entre otras actividades.

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