En un fallo unánime, la Cámara Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a Cristina Kirchner para ejercer su derecho al voto, a pesar de su condena a seis años de prisión en la causa "Vialidad". La decisión de los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas revocó una resolución previa de la jueza de Río Gallegos, Mariel Borruto, que había declarado la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal que establecen la inhabilitación absoluta de las personas con condena firme por delitos dolosos.

La CNE fundamentó su decisión en los precedentes "Procuración Penitenciaria" y "Orazi" de la Corte Suprema. Si bien la Corte en el caso "Procuración Penitenciaria" había declarado inconstitucional la inhabilitación automática para votar, también había pedido al Congreso que reglamentara el derecho a voto de las personas con condena penal. En el caso "Orazi", la Corte dejó en claro que la habilitación de este derecho no podía ser de oficio, sino que debía cumplir con ciertas "condiciones mínimas".

Según la CNE, el fallo de la jueza Borruto fue revocado porque no cumplió con estas "condiciones mínimas". La CNE argumentó que la decisión se dictó de oficio, sin que la propia Cristina Kirchner o el Ministerio Público lo solicitaran, lo que va en contra del precedente "Orazi", que exige que la cuestión se trate en un "caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público".

Además, la Cámara señaló que la jueza Borruto no verificó si la posibilidad de votar era "jurídica y fácticamente viable" y "de acuerdo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación", como lo exige el precedente de la Corte. Al no haberse considerado estas condiciones, la CNE resolvió revocar la habilitación y dejar a Cristina Kirchner fuera del padrón electoral.

Este fallo marca un precedente importante en el sistema judicial y político argentino. La decisión de la CNE confirma que una condena firme por delitos dolosos conlleva la inhabilitación para ejercer los derechos políticos, a pesar de los argumentos que esgrima la defensa de la ex vicepresidenta. El caso pone en relieve la importancia de los precedentes de la Corte Suprema y subraya que, aunque se debatan en el Congreso las reglamentaciones sobre el derecho a voto de las personas con condena penal, la habilitación no puede ser de oficio ni generalizada.

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