En una decisión al menos polémica y rechazable por gran parte de la ciudadanía que demanda una Justicia que se quite las vendas y castigue a quienes cometen delitos o al menos se los encarcele cuando existen presunciones concretas y luego todo se resuelva en un juicio.

Lo cierto es que para la jueza Niremperger, no existen motivos para dar lugar al pedido del fiscal Patricio Sabadini de pedir la detención del dirigente piquetero Fernando Ayala y del contador Walter Pasko, apuntados por ser los cerebros de una asociación ilícita para primero facturar al Estado mediante cooperativas y fundaciones y luego emitir una facturas truchas para obtener crédito fiscal y pagar menos impuestos.

El argumento de la jueza fue que no existe peligro de fuga por parte de los acusados al señalar que siempre se presentaron a declarar. Si aceptó el pedido para que se le levante el secreto fiscal y bancario que tenían ambos y que permitirá dar más detalles del crecimiento patrimonial de ambos, con un nivel de vida que no se condice con los ingresos declarados.

“Se advirtió que las personas jurídicas fueron creadas a los efectos de  emitir facturas y documentación  apócrifa tanto a organismos o reparticiones del estado provincial, con mayor preponderancia al IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular)”, indica el requerimiento. Allí trabajaba Diana Daniel, esposa de Pasko también imputada pero sin pedido de detención, quien para el fiscal “era nexo ilícito co personas físicas y jurídicas de derecho privado receptoras de facturas apócrifas, produciéndose así la venta de crédito fiscal espurio”.

Lo cierto es que Alerta Urbana se pregunta si en el caso de Ayala no existe riesgo de fuga cuando entre 2018 y 2022, tiene consumos con tarjetas de crédito en Estados Unidos, Paraguay, Brasil, Polonia, Francia, España, Rusia, Italia y México.

Sin dudas que no es la imagen que la sociedad demanda de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, que parece que tienen un peso cuando el investigado o acusado es relevante o de trascendencia pública y otro muy menor cuando es un desconocido.

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