A través del Decreto 268/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno de la Nación oficializó una ayuda económica previsional destinado a jubilados y pensionados. La misma se cobrará en el mes de abril y el monto máximo será de $70.000.

De acuerdo a lo publicado en el decreto, que lleva la firma de Nicolás Posse y Sandra Pettovello, el país se encuentra “atravesando una situación de inédita gravedad” de manera que se generan “profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo social y económico”.

Frente a dicho contexto y el impacto de “un alza acelerada del índice de pecios”, se consideró que los adultos mayores de menores ingresos son quienes se ven más perjudicados. Por tal motivo el bono será destinado a dicho grupo social.

Hasta el momento, el Ejecutivo brindó dos ayudas económicas previsionales por un monto máximo de $55.000, los cuales fueron otorgados en enero y febrero de 2024. Además, se brindó otra ayuda económica por $70.000 abonada en el mes de marzo, “atendiendo así las contingencias que atraviesan las personas beneficiarias del sistema integrado previsional argentino (SIPA) que se encuentran en el rango más bajo de ingresos”, indica el boletín oficial.

Dado que la situación socioeconómica continúa impactando sobre los adultos mayores, se estableció la entrega de un nuevo bono. Por tal motivo, en el artículo 1 del decreto 268/2024 se estableció: “Otórgase una ayuda económica previsional por un monto máximo de pesos setenta mil ($70.000), que se abonará en el mes de abril de 2024″.

Dicha ayuda económica estará destinada “para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a pesos ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con treinta centavos ($134.445,30)”. En ese marco, también se incluirán a “las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley N° 27.260 y sus modificatorias”.

Según lo publicado, el bono también incluirá a “las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete (7) hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.

En el artículo 4, el decreto aclara que aquellos titulares cuya suma de todas las prestaciones lleguen a un importe superior al monto de $134.445,30, “la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de pesos doscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco con treinta centavos ($204.445,30)”.

En cuanto a aquellos adultos mayores que son beneficiarios de una pensión, se estableció que “cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la ayuda económica previsional que se otorga por el presente decreto”.

Por último, se remarcó que para poder percibir la ayuda económica previsional, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación, y la misma no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

Con dicho decreto, el Gobierno dio continuidad a una nueva ayuda económica destinada a jubilados. Durante el mes pasado, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo lamentó que en el Congreso no se aprobara la Ley Ómnibus donde se pretendía cambiar la fórmula de movilidad. “Es perjudicial para los jubilados sino para todos los argentinos. No podemos darnos el lujo de que siga primando esa fórmula. Si la tomamos, este año el Tesoro se beneficia en 2% del PBI. Los jubilados cobrarían 2% del PBI menos”, planteó.

El pasado martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó la decisión del gobierno de retomar el tema en el Congreso al asegurar que “por ahora, la fórmula por DNU no es una alternativa porque creemos que el debate es algo que se debe dar entre todos los sectores, que debe dar la política”.

Y sostuvo que la fórmula que reemplace a la vigente, establecida desde el gobierno de Alberto Fernández, será una “fórmula jubilatoria que va a seguir todas esas lógicas: que no perjudique al jubilado, que cumpla con el equilibrio fiscal y que se discuta por todos los sectores”.

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