En ese sentido, Marijuan basó su postura en una afirmación de Cerruti, quien dijo públicamente que tenía información sobre esos hechos, pero no efectuó la denuncia correspondiente.

Asimismo, el fiscal instó al presidente Alberto Fernández y también a los gobernadores que proporcionen los informes de inteligencia que se pudieran haber labrado por los incidentes.

La denuncia había sido presentada por dos dirigentes de la Libertad Avanza: Nahuel Sotelo, legislador bonaerense, y el abogado Francisco Oneto, candidato a vicegobernador de Carolina Píparo en la provincia.

La portavoz del presidente Fernández, por su parte, había asegurado que hay cuentas de redes sociales ligadas a Javier Milei y Patricia Bullrich, los dos representantes de la oposición, que incentivaron los robos en comercios de distintos rubros.

En declaraciones radiales, Cerruti aseveró que "el clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucediera".

Además, remarcó que "Estaba claro que esto era organizado y que se armaba algo cuando todavía no había sucedido nada", en consonancia con expresiones similares del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

La causa recayó en la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo interinamente del juzgado federal número 9.

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