La medida, amparada en la resolución municipal 1422, busca ampliar la distancia entre mesas con el argumento de dar una mano a los locales gastronómicos azotados tras la pandemia.

En otras palabras, se trata de aumentar el lugar para clientes ‘ensanchando‘ la vereda. El problema es que estas construcciones que ocupan lugar en la calle no cuentan con la señalización adecuada para alertar a los automovilistas.

Así lo señaló Gustavo Mourazos, abogado especialista en derecho de seguros (M.P. 3710), con amplia trayectoria en el abordaje de cuestiones viales.

En diálogo con este medio, el letrado expresó que estas construcciones sería en principio ‘irracionales‘ porque no velan por el resto de los principios de la convivencia urbana, como por ejemplo la seguridad en la circulación y la falta de estacionamiento.

Si bien están habilitados por la intendencia local, estos apéndices ocupan un espacio reservado para el estacionamiento de vehículos en zonas donde es medido, y quedan fijos aun cuando el local en cuestión haya cerrado, interfiriendo claramente en el poco espacio de estacionamiento que tiene la ciudad, fuera de toda lógica de ordenamiento.

‘Esta autorización no se condice en una ciudad donde una de las principales causas de mortalidad son los accidentes de tránsito. Si tenés indicadores malos en seguridad vial y querés priorizar la venta de un comercio, evidentemente no hay un equilibrio entre estos dos derechos o intereses‘, dijo el letrado.

‘Evidentemente está primando un interés por la actividad comercial por encima de la seguridad vial‘, indicó Mourazos, para lugar explicar que los riesgos de los ‘decks‘ no son pocos. En primer lugar, no se sabe si estos ‘decks‘ están cubiertos por seguros, no dejando de lado el litigio con la aseguradora de un automóvil que tenga la mala fortuna de estrellarse contra uno de estos artefactos. Otros han sido colocados en esquinas peligrosas como el caso de Julio A Roca y Donovan o sobre calle Pellegrini al 600 exactamente frente donde maniobran las ambulancias de un sanatorio.

Por todo lo mencionado, el abogado sostuvo que, junto con la instalación de estos balcones, ‘tiene que haber una señalética previa. Los conductores deberían estar alertados de esta estructura sobre la calzada a por lo menos cien metros de distancia. Aunque sea un lomo de burro en la esquina, pero alguna mínima advertencia debe haber para no poner en riesgo a las personas‘, dijo.

Además, en caso de ocurrir un accidente, la estructura debería contar con las garantías de seguridad vial. ‘Si alguien impacta contra eso ¿cómo protegés? Hay un desconocimiento básico‘, afirmó.

Otras alternativas

El especialista mencionó que existen otras herramientas para ayudar económicamente a los gastronómicos sin vulnerar la seguridad vial. Una medida más efectiva, dijo, hubiera sido la eximición de impuestos, como el IVA o los tributos provinciales y/o municipales. Y agregó que convertir las calles de los bares en sendas peatonales durante el fin de semana sería una opción más viable para mejorar el movimiento por esos lugares, teniendo en cuenta que las estructuras permanecen fijas todos los días, a pesar de que la mayor concurrencia del público se da el fin de semana.

La venta por encima de la convivencia urbana

En junio, el Concejo resistenciano sancionó por ordenanza del Ejecutivo local la habilitacón a los titulares de locales gastronómicos -bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, entre otros- para instalar ‘decks‘ o ‘balcones gastronómicos‘, espacios separados entre sí y sobre el espacio público en veredas, partes de calles e incluso en canteros y plazas.

En principio, solo podrán solicitar la habilitación los locales habilitados para actividades gastronómicas: establecimientos donde se elaboran y preparan, sirven o expenden comidas, bebidas, helados e infusiones para ser consumidas dentro del local y en la vía pública (habrá mesas y sillas).

La mayoría de los balcones habilitados se concentran principalmente en la zona céntrica. Estos locales -cabe recordar- hoy están autorizados a trabajar con un máximo de ocupación de 50% y con estrictos protocolos.

Al respecto, Gustavo Mourazos recordó que cuando se dicta una ley nacional de tránsito se debe tener en cuenta a los dos principios rectores, que son la fluidez y la seguridad: ‘Cualquier normativa dictada que afecte estos dos principios es violatoria a la misma ley y, por lo tanto, es inconstitucional o ilegal‘.

‘Si estoy llevando adelante un decreto para lograr mayores ventas que pone en juego la fluidez y seguridad del tránsito, siendo que hay otras herramientas para estimular el consumo, claramente se está apartando de los principios imperadores de la ley‘, planteó.

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