La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los familiares de los 44 marinos que murieron en el naufragio del submarino, en 2017, habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el contexto de sus reclamos por justicia y respuestas sobre la tragedia.

La investigación se inició tras el descubrimiento de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.

En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados, argumentando que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional del país. Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña -con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi- revocó los procesamientos, tras considerar que las acciones de la AFI se enmarcaban en tareas de seguridad presidencial.

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, ratificó esta decisión. Los magistrados sostuvieron que las actividades de inteligencia no constituyeron espionaje ilegal, ya que los datos recopilados eran de carácter público, provenientes de declaraciones de los propios familiares en medios de comunicación o redes sociales.

“Los mismos admiten que sus expectativas y reclamos eran comunicados también por medios de información o incluso por videos en redes sociales. Queda descartado cualquier tipo de secretismo entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios ilegales”, sostuvo Casación.

Además, destacaron que las tareas respondían a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri, descartando cualquier extralimitación en las funciones de la AFI.

Finalmente, las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y alegando parcialidad en las decisiones judiciales. Todo fue descartado por el máximo tribunal.

Un juicio sin responsables políticos

A principio de octubre, a Cámara Federal de Casación Penal determinó que el juicio oral por el hundimiento del submarino se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

Los jueces Borinsky y Hornos rechazaron los planteos que buscaban que el juicio se realice en Mar del Plata o en Comodoro Py. Sostuvieron que el hecho ocurrió en altamar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que “ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito” debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

Con la decisión de este martes de la Corte Suprema, solo se juzgarán las responsabilidades en la cadena de mando de la Armada Argentina, pero ningún funcionario del gobierno de Macri deberá dar respuestas sobre lo ocurrido.

En el banquillo de los acusados estarán el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.

Todos ellos están acusados de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte.

El trágico hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur tras una explosión en sus baterías. Los 44 tripulantes a bordo murieron.