Durante su participación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario Bertie Benegas Lynch, la ministra Patricia Bullrich les recordó a Diputados que resta el tratamiento del proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Con este impulso podría tratarse antes que finalice el actual periodo legislativo que culmina el próximo 30 de noviembre, o ingresar en una posible convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.

“Pedimos por favor si se puede poner en el temario, porque es muy importantes. Hay un dictamen de mayoría que intenta trabajar para que los menores no entren en el delito”. Y agregó: “La seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar en cada rincón del país. Demostramos que cuando hay decisión política, se termina la tibieza y se obra con decisión, los resultados llegan”, dijo la futura legisladora.

El Régimen Penal Juvenil
En junio del 2024, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa buscó favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.

El proyecto destaca los principios de legalidad, debido proceso y derecho a defensa desde el inicio. Se aplica el in dubio pro minoris, interpretando siempre en favor del menor. Establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.

Uno de los puntos clave del proyecto es el reconocimiento de los derechos de las víctimas como sujetos activos en el proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso, participar en mediaciones penales juveniles (siempre con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que implicará la revisión por parte de un fiscal superior. También se contempla la responsabilidad civil de los padres o representantes legales del imputado y su participación en la suspensión del juicio a prueba.

Penalidades del nuevo régimen
El nuevo sistema establece sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios. Los adolescentes serán alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.

El proyecto también contempla la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa. En estos casos, el adolescente deberá reparar el daño y realizar tareas comunitarias.

Si se dispone la privación de libertad, el alojamiento será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva. Se garantizará el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión, y se prohibirá expresamente el contacto con adultos. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia.