Un grave incidente de violencia institucional y cuartamiento a la libertad de prensa sacudió a General San Martín, Chaco, luego de que el periodista Gerardo Galarza fuera agredido por el diputado nacional Aldo Leiva y miembros de su séquito. El hecho ocurrió cuando Galarza, trabajador de prensa del canal oficial, se encontraba cubriendo un evento en la plaza de la ciudad. El periodista denunció que la agresión se desencadenó luego de que comenzara a filmar un altercado entre el diputado y militantes de La Libertad Avanza, momento en que un colaborador de Leiva le arrebató el celular de la mano, desatando la violenta reacción del legislador y su comitiva.

Galarza relató que, tras el arrebato del celular, que es de su propiedad, el diputado Leiva lo pechó, amagó con golpearlo e incluso pisó su teléfono en dos ocasiones, dañándolo. La situación escaló cuando el periodista fue arrinconado contra un portón, donde el propio diputado lo golpeó en el rostro con el celular. El trabajador de prensa lamentó la "impotencia" que sintió, decidiendo no reaccionar para evitar un mal mayor. A pesar de los empujones y golpes, Galarza logró retirarse del lugar gracias a la intervención de la policía que le brindó custodia hasta la división 911.

El periodista, quien es un exoficial de la Policía del Chaco que renunció a la fuerza en 2017 y ha trabajado como camarógrafo en medios oficiales durante años, se vio obligado a "huir" de la propia comisaría donde había buscado refugio. Galarza relató que, poco después de ingresar, el diputado Aldo Leiva irrumpió a los empujones y a los gritos, a pesar de los intentos del personal policial por frenarlo, lo que lo obligó a salir de la dependencia en un móvil policial, "prácticamente escapando".

Gerardo Galarza confirmó que radicó la denuncia penal contra el diputado Leiva por agresión, y fue examinado por el médico forense. También iniciará acciones por los daños a su celular y por la agresión sufrida por parte de la patota que acompañaba al legislador, incluyendo a un ex cuñado del diputado y a empleados municipales, según trascendió. Este lamentable suceso pone el foco en el accionar del diputado Leiva y reaviva el debate sobre la necesidad de proteger el ejercicio de la libertad de prensa y de investigar los hechos de violencia cometidos por funcionarios públicos.