El ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, dialogó este jueves con Alerta Urbana y durante la entrevista con Gustavo Olivello se refirió a la situación generada tras el reciente fallecimiento de Claudia Noemí Bruhn, ex empleada de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial.

“No teníamos conocimiento de que tenía cáncer”, sostuvo el funcionario del gobierno provincial, citando un informe preliminar que elaboró el área de Recursos Humanos de la cartera a su cargo.

 "No constaba, diríamos, su situación de enfermedad por escrito en el legajo”, insistió Dudik, nuevamente haciendo referencia al reporte que ordenó y ya recibió en su despacho.

El ministro lamentó el deceso de Bruhn, de 51 años, quien murió esta semana y sus familiares y compañeros de trabajo denunciaron que fue dejada sin trabajo y, por ende, sin cobertura de obra social pese a su enfermedad.

Dudik afirmó que si la administración pública hubiera tenido esa información (el padecimiento de la mujer) "no se hubiera tomado esa decisión" de no renovar el contrato. 

Argumentó que su Ministerio tiene antecedentes de hacer "contemplaciones" con personal que padece enfermedades oncológicas o terminales, y que se renuevan contratos en esas circunstancias.

A pesar del lamentable suceso y de asegurar que se comunicarán con la familia, Dudik puntualizó: "No podemos directamente decir que falleció la persona por este tipo de situaciones".

"Yo me solidarizo, me solidarizo, lamento muchísimo, es un tema muy muy delicado", agregó el funcionario.

El caso 

Claudia Noemí Bruhn, una ex empleada pública de 51 años, falleció de un cáncer de mama avanzado mientras se encontraba en el hospital Perrando.
La mujer, que había trabajado más de ocho años en el área de Desarrollo Territorial del Ministerio de la Producción, perdió el acceso a su tratamiento oncológico al quedar sin la cobertura del Insssep.

Su muerte ha generado indignación y cuestionamientos, ya que, a pesar de que las autoridades ministeriales conocían su grave estado de salud, se le retiró la obra social después de una prórroga de 30 días.
El caso abre un profundo interrogante sobre la responsabilidad del Estado en la protección de sus trabajadores enfermos y sobre quién tomó la decisión final de dejarla sin asistencia médica.


 

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