Un mes antes, el fiscal federal Gustavo Onel realizó un procedimiento similar pero en Pozo Borrado, una localidad del departamento 9 de Julio, del norte de la provincia, en el que fueron rescatados de dos campos, 31 trabajadores rurales sometidos a condiciones infrahumanas. Como reveló Rosario/12, los propietarios de esas explotaciones rurales del norte santafesino pertenecen a las familias que integran el grupo agroexportador Vicentin.

En esta oportunidad, el fiscal que intervino en la investigación es Walter Rodríguez, quien solicitó allanamientos en inmuebles ubicados sobre la ruta provincial N. 1, en el kilómetro 17,5, a la altura de la calle 110 de la localidad de Arroyo Leyes. En el operativo colaboraron miembros de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género, Criminalística, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre) y delegados locales del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre).

“En el día miércoles se produjeron allanamientos en esa geografía de la región, principalmente en un campo donde se encontraron plantaciones de frutilla”, dijo el fiscal Rodríguez, para agregar que “se contabilizaron 42 personas con distintas realidades que, en principio, estaban siendo explotadas laboralmente, con lo cual el Ministerio Público Fiscal interviene por la hipótesis de trata de personas destinadas a cuestiones de naturaleza laboral”.

Como resultado del operativo, además del rescate de los trabajadores rurales sometidos a condiciones infrahumanas, fue detenido un joven de 25 año que será llevado a audiencia imputativa como responsable de las explotaciones de frutillas que imponían esas condiciones. Según fuentes del caso, un hombre de 64 años también quedó demorado como parte de la investigación, que recién se inicia.

Un arsenal

De acuerdo al detalle policial del procedimiento, se secuestraron en los allanamientos U$D 4.205 y $10.034.250, ademas de una camioneta Amarok, seis teléfonos celulares, un iPhone 16 y elementos informáticos. Pero lo que llamó la atención de los investigadores fue la gran cantidad de armas y municiones incautadas.

Entre ellas, la policía halló una escopeta calibre 16 y otra 12/70, más de 100 cartuchos para esas armas, un revólver calibre 32, dos aires comprimidos, una pistola de 22mm, una carabina Rubí Extra M.R calibre 22 y una pistola Bersa 9mm, además de decenas de municiones y cartuchos de diferente calibre.

De todos modos, el fiscal Rodríguez dijo en declaraciones a LT10 de Santa Fe que “no hay elementos indicativos que haya utilización de armas respecto de las personas que estaban trabajando”, para someterlas a trata laboral.

En relación a si las personas sufrían la privación de su libertad, el representante del MPF explicó que no de modo coactivo, pero si de hecho. “Secuestradas en términos en que se les impedía salir del predio no es así, pero por las circunstancias a las cuales estaba sometidos con extensas jornadas laborales, sólo por el cansancio y no tener medios económicos, estaban impedido de poder salir del lugar, de facto”. De todos modos, aclaró que “no se ha comprobado limitaciones a su libertad ambulatoria”.

Diferencias económicas

La investigación que derivó en los allanamientos del miércoles en Arroyo Leyes se inició por la denuncia de tres trabajadores rurales que, tras pasar por esas explotaciones y ante el enojo por el no cumplimiento de las condiciones pautadas, realizaron una denuncia policial en una seccional.

Como consecuencia de ellos, el 19 de septiembre hubo procedimientos para constatar los extremos de esa denuncia, de la cual derivaron los allanamientos del miércoles. “Habían tenido algunas diferencias con el responsable de los predios, de índole económica, y tuvieron que volverse a la provincia de Chaco, de donde eran oriundo, cuando rompieron ese vínculo, e hicieron una denuncia ante una sede policial de la provincia”, detalló Rodríguez.

En relación a los domicilios de las 42 personas rescatadas, “se detectaron tres grupos: algunas residentes en Arroyo Leyes, otras en Rincón, y una buena cantidad -no tengo los números finales- son provenientes de la provincia de Chaco”, añadió.

Fuentes de la investigación explicaron a este diario que a los trabajadores rescatados se les había prometido una paga de mil pesos por cajón de frutilla y condiciones de alojamiento normales, pero se encontraron con condiciones habitacionales precarias, como colchones colocados sobre cajones de madera que hacían de cama. Además, la paga por cajón cosechado terminó siendo de 600 pesos, a lo largo de jornadas laborales casi sin límite horario.