El reciente decreto gubernamental que ratifica el aumento para el Poder Judicial y otros organismos, volvió a exponer las profundas asimetrías salariales dentro del Estado chaqueño. El ajuste por revisión eleva los haberes de un juez de Cámara con 20 años de antigüedad a 5,5 millones de pesos solo en un concepto, mientras miles de trabajadores esenciales —docentes, policías, médicos— no superan el millón mensual.

La medida, basada en la Ley N° 3424-A y extendida también a organismos autárquicos como el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado y el Consejo de la Magistratura, genera una brecha que resulta difícil de justificar socialmente. ¿Vale tanto más la tarea de un magistrado que la de un policía que arriesga su vida en la calle o la de un médico que salva vidas en hospitales colapsados?

Los jueces y funcionarios judiciales, blindados por un esquema legal de “enganche” que asegura equiparación con sus pares del NEA, se consolidan como la verdadera casta estatal. Sus ingresos multiplican por cuatro o cinco veces el promedio de los demás agentes públicos. En contraposición, los sectores de mayor exposición social, como educación, salud y seguridad, siguen recibiendo incrementos que no logran recomponer la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

El debate trasciende lo estrictamente técnico: se trata de discutir la justicia distributiva dentro del propio Estado. La decisión de priorizar aumentos en millones para una minoría de funcionarios mientras miles de trabajadores esenciales sobreviven con sueldos devaluados vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿qué valor se le asigna, en términos reales, al trabajo de quienes sostienen diariamente la seguridad, la salud y la educación de los chaqueños?