En un contexto de tensión política, legisladores y gobernadores de diversos espacios le han puesto un límite claro al presidente Javier Milei: no habrá una nueva prórroga del presupuesto. Después de dos años de gobernar con un presupuesto prorrogado, una situación anómala en el sistema político, el Congreso se prepara para debatir y sancionar la ley de 2026. Esta decisión busca ponerle un freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo de las finanzas y garantizar que las provincias cuenten con una hoja de ruta clara para sus propias gestiones.

La postura unificada de la oposición y de algunos gobernadores cercanos al oficialismo, como Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Leandro Zdero de Chaco, se reforzó tras la reciente derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses. Conscientes del cambio de aire político, los mandatarios provinciales se reunieron con funcionarios del Gobierno para transmitirles la necesidad de diálogo y de recomponer las relaciones, advirtiendo que "motosierra tres años seguidos es insostenible".

La oposición, que desconfía del Gobierno por su historial de vetos y promesas incumplidas, no se quedará de brazos cruzados. Se espera que la Comisión de Presupuesto, a cargo del diputado José Luis Espert, ponga un cronograma estricto para el tratamiento del proyecto, con citaciones a funcionarios de la Casa Rosada y plazos para firmar el dictamen. La estrategia es evitar que, como sucedió en 2024, el debate se dilate hasta el final del período de sesiones ordinarias y el Gobierno vuelva a prorrogar el presupuesto de manera intempestiva.

El Gobierno, por su parte, consciente de la embestida, intentará neutralizar la ofensiva de la oposición. Se espera que la Casa Rosada le haga una contrapropuesta a la ley que coparticipa los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y proponga un nuevo esquema de distribución del impuesto a los combustibles, dos iniciativas clave para las provincias. Sin embargo, estas propuestas son vistas con cautela por los gobernadores, ya que el Gobierno ha demostrado ser poco confiable y ha vetado leyes sensibles para las provincias, como la que coparticipa los ATN y la que financia a las universidades.

La discusión del presupuesto 2026 se perfila como un campo de batalla político en el que cada bando jugará sus cartas. La oposición buscará presionar para que el presupuesto contemple sus prioridades, como las partidas para obras públicas y las transferencias a las cajas jubilatorias, mientras que el oficialismo intentará imponer su visión de déficit fiscal cero. El desenlace dependerá de si el presidente Milei está dispuesto a negociar y a aceptar modificaciones a su plan, un escenario que no se dio el año pasado. La derrota en Buenos Aires, sin embargo, podría forzarlo a ser más flexible, aunque persiste el temor de que, una vez que la ley sea sancionada, el Gobierno recurra al veto para imponer su voluntad.

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