El Gobierno de Javier Milei consumó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso, esta vez al Proyecto de Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, formalizada a través del Decreto 652/2025, representa un duro golpe para los gobernadores, que esperaban esta normativa para asegurar fondos y reducir la discrecionalidad en su asignación.

El veto, que se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en el Garrahan, profundiza el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Según supo Noticias Argentinas, la decisión agudiza el malestar en los distritos, que ven cómo se bloquean iniciativas clave para sus finanzas en un momento de tensión económica y política.

La ley establece la redistribución automática: fija que los recursos de los ATN serían redistribuidos "en forma diaria y automática" y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.

Integración a la masa coparticipable: Los recursos que la compusieran serían considerados "integrantes de la masa de fondos coparticipable".

Inclusión de TDF y CABA: Consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una "finalidad específica" de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.

Este nuevo veto se da en un contexto de recomposición de la estrategia política del oficialismo tras la derrota en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, que incluyó la designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior y una mesa de diálogo encabezada por Guillermo Francos. Sin embargo, estas medidas se ven opacadas por la intransigencia del Presidente ante cualquier iniciativa que considere un riesgo para el equilibrio fiscal, generando más roces con los gobernadores que reclaman mayor autonomía y previsibilidad en la recepción de fondos nacionales.