La Cámara Criminal de Río Cuarto inició este lunes el debate oral para determinar la responsabilidad de dos exintegrantes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en el caso de Solange Musse. La joven, que padecía un cáncer terminal, falleció en agosto de 2020 sin poder despedirse de su padre, a quien le negaron el ingreso a Córdoba por las restricciones sanitarias de la pandemia.

DECLARACIONES

En la primera jornada del juicio, los dos acusados afirmaron no tener ninguna responsabilidad en la decisión. Eduardo Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, señalada como la encargada del puesto sanitario, se sentaron en el banquillo ante camaristas y jurados populares. Ambos deslindaron responsabilidades y apuntaron a la cúpula del COE provincial de la época.

El abogado de Andrada, Miguel Ollo Geuna, adelantó que pedirá la absolución. Sostuvo que su cliente desconocía que Pablo Musse viajaba por ruta y que su cuñada tenía una discapacidad. Afirmó que nadie le informó sobre esa situación particular.

Analía Morales subrayó que “nunca” estuvo a cargo del puesto sanitario del COE en Huinca Renancó. Explicó que solo integraba la Mesa Epidemiológica de Río Cuarto. “Solo a pedido de Andrada tuve que buscar un contacto en Neuquén para cuando regresaran a Musse le hicieran otro test. La decisión de que regresaran ya estaba tomada”, dijo.

La asistente social pidió “disculpas” a la familia Musse pero ratificó que fue “ajena” a la resolución. Su defensor, Osvaldo Narcisi, fue terminante: “La sábana quedó corta. Otros son los funcionarios que deberían estar acá“.

Ambas defensas señalaron a Alfonso Mosquera, entonces ministro de Seguridad; Pablo Carvajal, exsecretario de Salud; y Juan Ledesma, exdirector del COE, como quienes tenían la responsabilidad final y la potestad para autorizar excepciones.

En agosto de 2020, Pablo Musse viajó desde Plottier, Neuquén, junto a su cuñada, una mujer con discapacidad, para visitar a su hija. Solange, de 35 años, cumplía una internación domiciliaria en Alta Gracia por un cáncer de mama en estadío cuatro. Al llegar al control de Huinca Renancó, un test de Covid-19 positivo le impidió el ingreso. Un hisopado posterior arrojó un resultado negativo.

Pese a que la normativa contemplaba una excepción, las autoridades del puesto sanitario le ordenaron regresar. Musse y su cuñada debieron recorrer nuevamente los 1000 kilómetros hasta su casa. Fueron encapsulados y escoltados por ocho móviles policiales que se relevaron durante el trayecto.

No les permitieron detenerse para comprar comida ni para usar los sanitarios. “Hicimos nuestras necesidades en medio del camino. A nadie le importó nada”, repasó Musse poco después del hecho.

El abogado de la familia Musse, José Nayi, explicó que la investigación se divide en dos partes. “Esta es la primera, hay otra que todavía no se elevó a juicio y en la cual las responsabilidades pueden escalar a otros funcionarios provinciales y nacionales“.