La Justicia investiga si los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, vinculados a la familia Furfaro, cometieron irregularidades en la producción de distintos medicamentos, incluidos diclofenac y adrenalina, en medio de la crisis por el fentanilo contaminado.

El juez Ernesto Kreplak analiza más de 100 expedientes de la ANMAT con reportes de desvíos en procesos productivos, algunos de ellos con consecuencias graves para los pacientes.

Uno de los casos que podría revestir más gravedad se remonta a 2019, cuando la ANMAT emitió una alerta sobre posibles irregularidades en un lote de diclofenac (lote 20206) producido por Laboratorio Ramallo.

La investigación se disparó tras la hospitalización de una joven de 28 años de Mar del Plata, que sufrió un esguince de tobillo y recibió diclofenac intramuscular en la sala de atención primaria de Playa Serena. Pocos días después presentó fiebre, vómitos, dolor intenso en la pierna que la hizo desmayar y un absceso glúteo.

Entre 2018 y 2019, se registraron 29 reportes de efectos adversos asociados a diclofenac de Laboratorio Ramallo, con notificaciones provenientes de Río Negro, Buenos Aires y Entre Ríos. El Departamento de Farmacología del INAME, en Caseros, señaló que el excipiente Cremophor presente en la fórmula podría causar reacciones similares a las observadas. El Cremophor se utiliza para solubilizar en agua ciertas drogas que normalmente no se mezclarían, y no aparece en las fórmulas de otros 14 laboratorios revisados en el Vademécum de la ANMAT.

A pesar de estas alertas, profesionales de hospitales como el de Chilecito en La Rioja y el Sanatorio Güemes en Ciudad de Buenos Aires manifestaron su preocupación por la falta de una disposición de retiro de los lotes del mercado. Finalmente, el 12 de febrero la ANMAT sugirió el retiro de los lotes, y el expediente fue girado a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo, bajo guarda temporal mientras continúa la investigación.

El caso se enmarca además en la investigación más amplia por el uso de fentanilo contaminado, que ya suma 96 muertes y nuevos casos en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca. La causa se inició en marzo tras la inspección del Ministerio de Seguridad en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se detectó un stock de cinco kilos de fentanilo: cuatro kilos y medio en HLB y medio kilo en Ramallo, mientras que otros cuatro kilos ya habían sido utilizados en la producción de ampollas hospitalarias.

La Justicia investiga si parte de la producción de ambos laboratorios pudo haber sido desviada al mercado negro, mientras que los dueños de las empresas sostienen que hubo un sabotaje y apuntan a un exdiputado provincial, Andrés Quinteros, quien supuestamente intentó robar ampollas para su venta ilegal. Hasta la fecha, no hay procesados, aunque hay 24 imputados y se secuestraron elementos clave en distintos allanamientos.

La investigación sobre los laboratorios Furfaro se suma a las críticas hacia el juez Kreplak por su vínculo familiar con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El Gobierno planea recusarlo, mientras legisladores de distintos bloques, como Alejandro Finocchiaro (PRO) y Silvana Giudici (PRO), reclaman la creación de una comisión investigadora en el Congreso para acelerar la pesquisa.

Paralelamente, la ANMAT enfrenta una fiscalía que revisará su actuación durante los últimos cinco años sobre los laboratorios involucrados. Este martes, Kreplak ordenó una pericia clave en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, donde expertos analizarán una ampolla de fentanilo no contaminado para determinar su composición y reconstruir posibles desvíos.

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