"Tenemos más de 150 mil familias inscrptas en el Instituto de Vivienda. Permanentemente pedimos que actualicen su información porque creemos que es la única forma de saber cuál es la demanda exacta que existe. Es decir, que las familias no pudo resolver su situación por motus propio", observó Fernando Berecoechea.

El actual presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) remarcó que la gestión impulsó modificaciones a través de la plataforma digital posibilitando facilidades para la actualización de datos. "Lleva solo unos minutos desde el celular y sin intermediarios", subrayó. Además, aclaró que se solicita un promedio de ingresos de familia equivalente a unos $650 mil.

¿Qué sucede con el FONAVI?

Berecochea aseguró que, por medios de gestiones ante Nación, se actualizó el programa que estaba frenado desde el 2022. "Son alrededor de $2.200 millones, fondos que utilizamos en el Instituto para la construcción de soluciones habitacionales".

Situación habitacional del Chaco
El funcionario reconoció que actualmente se encuentran entregando títulos con más de 40 años de demora. "Tratamos de regularizar la situación, estamos comenzando a resolver casos de muy larga data", subrayó.

En cuanto a la situación habitacional, Berecoechea aseguró que la provincia cuenta con el Programa Ñachec: "Está pensado para contener a familias en situación vulnerable". "La demanda habitacional es dinámica y atraviesa todos los estratos sociales", subrayó.

"Hemos terminado 1400 viviendas desde el inicio de la gestión con recursos propios. También hay unas 1200 que están esperando a ser finalizadas. Se encuentran en distintas etapas para ser iniciadas", especificó.

¿Obras a medias?
En la misma línea, expresó que desde el 2004 al 2023, Nación se hacía cargo de la construcción de viviendas y la provincia debía ejecutar obras de infraestructura complementarias. "Nos encontramos con que el 80% de las obras de vivienda en ejecución no tenía siquiera un proyecto para los trabajos de infraestructura para abastecer de servicios. Esto hace que, cuando comienza el Plan Platita de (Sergio) Massa, en mayo de 2023,  les obligan a las empresas constructoras a bajar el ritmo de ejecución de obra y Nación se comprometió a pagar el 2% de lo ejecutado por cuatro meses con la promesa de que lo iban a compensar. Esto generó un perjuicio económico a las empresas, pero el Estado continuó con la obra", detalló.

Afirmó, que en ese contexto, la actual gestión se encontró sorpresivamente con viviendas que no contaban con obras de infraestructura básica para servicios. "Lo que hicimos el año pasado, fue terminar con esos trabajos para familias que fueron obligadas a ingresar a las casas bajo apercibimiento de perder el beneficio. Resolvimos 800 casas, mientras tanto, íbamos a Nación pidiéndole las obras".

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