Cristina Fernández de Kirchner pidió formalmente a la Justicia que suspenda la ejecución de sus bienes, tras la resolución del tribunal que la condenó en la causa Vialidad. La expresidenta busca anular esa decisión para evitar la pérdida de sus propiedades.

Con el plazo para pagar 530 millones de dólares establecido por el tribunal a punto de vencer, Cristina Fernández de Kirchner y su abogado Alberto Beraldi solicitaron suspender la ejecución de sus bienes en la causa Vialidad.

“Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima. No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, sostuvo la expresidente de la República Argentina.

Cristina Kirchner afirma que su patrimonio es legítimo
En su escrito, Cristina Kirchner cuestionó la investigación patrimonial realizada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de bienes propios, de sus hijos y de otros condenados con la intención de ejecutar esos activos en caso de que no se cumpla con el pago ordenado.

La ex mandataria afirmó que los fiscales “omitieron realizar una investigación que permita probar con certeza qué bienes pueden ser decomisados conforme al artículo 23 del Código Penal”, lo que, a su juicio, vulnera los estándares necesarios para imponer sanciones penales.

La expresidente aseguró que esta omisión impidió que la sentencia precisara qué bienes son producto, instrumento o provecho del delito por el que fue condenada. Destacó que no posee bienes vinculados al caso y que su patrimonio, al igual que el de su familia, es “absolutamente legítimo”.

Criticó que la medida de decomiso y el cálculo del monto exigido estén “viciados” y definió el proceso como “un mecanismo persecutorio con rasgos estrictamente confiscatorios”.

Finalmente, Fernández de Kirchner alertó sobre las “graves consecuencias institucionales” que puede traer esta situación y señaló que la ejecución sin fundamentos legales claros podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino, debido a la violación de garantías protegidas por el derecho nacional e internacional.

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