El Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (IIFA), a cargo de Carlos Favarón, se encuentra en el centro de un escándalo por la misteriosa desaparición de 26 boyeros eléctricos, junto a sus aisladores e hilo plástico. La denuncia, presentada en las últimas jornadas en la Seccional 2ª de Resistencia, apunta directamente al ex presidente del organismo, el ingeniero Gustavo Leiva, hermano del actual diputado nacional Aldo Leiva, como la última persona en tener en su poder el material.

¿La casta de San Martín?
Vale remarcar que el ex titular del IIFA, Ing. Gustavo Leiva, actualmente cumple funciones como concejal de la localidad que, a su vez, está bajo el mando ejecutivo de su sobrino Mauro Leiva. Éste último, es hijo del diputado Aldo Leiva, estrechamente ligado a la línea política de Jorge Capitanich y, según fuentes del PJ, quiere dirigir el peronisno chaqueño. El mismo que llamó "Mi presidenta" a Cristina Fernández de Kirchner cuand Alberto Fernández el primer mandatario nacional.

Un faltante sospechoso y un secreto a voces
Según el relato de un funcionario del IIFA, la adquisición de los equipos se realizó a finales de 2023. Sin embargo, días antes del cambio de autoridades, la directora de administración le habría entregado los boyeros al entonces presidente Leiva. A pesar de que el personal del organismo conocía esta situación, el tema se mantuvo en secreto. "Parece que eran muchos los que conocían el tema, pero nadie lo comentó. Mucha gente lo tapó", aseguró el denunciante.

La búsqueda de los materiales comenzó cuando las nuevas autoridades notaron el faltante de los 26 boyeros. Tras indagar en las diferentes áreas administrativas, en junio de este año, se encontró un documento que confirmaba que el ingeniero Leiva los había retirado.

Sin rastro ni justificación
Desde ese momento, el IIFA intentó sin éxito encontrar documentación que respaldara el destino de los bienes. "Estuvimos tratando de buscar alguna documentación que respalde si se lo había entregado a alguna institución o a algún productor", explicó Favarón.

La situación es aún más extraña, ya que en el año 2023 no se registraron planes de forestación que justificaran la entrega de este tipo de equipamiento. El personal administrativo, encargado de realizar el seguimiento del caso, confirmó que no existe ninguna documentación que avale la salida de los boyeros.

Ante la falta de respuestas, las autoridades del IIFA se vieron obligadas a presentar la denuncia formal. "Como funcionario público, tengo la obligación de denunciar el faltante de bienes del Estado", afirmó Favarón, declarando que la última persona que recibió los bienes, con la documentación correspondiente, fue el ingeniero Leiva. La causa ahora se encuentra en manos de la justicia, que deberá investigar el paradero de los 26 boyeros eléctricos y deslindar responsabilidades.