Lo que comenzó como un brote de infecciones respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata en abril de 2025 se transformó en un escándalo de proporciones políticas e internacionales, revelando la fragilidad de los controles en el sistema de salud argentino. Al menos 76 personas murieron y se estima que la cifra real podría ser aún mayor, víctimas de un lote de fentanilo contaminado que expuso la existencia de una red de conexiones opacas, la inacción política y una alarmante falta de supervisión estatal.

ORÍGENES

El fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la heroína, creada en la década de 1960 como un potente analgésico, se ha convertido en el epicentro de una crisis de salud pública en Estados Unidos y Canadá. Su potencia la hace ideal para el tratamiento de dolores crónicos o postoperatorios, pero en Argentina un lote específico, el 31202, produjo una catástrofe. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) descubrió que el fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma, propiedad del empresario Ariel García Furfaro, estaba contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp.

A partir de la alerta, se ordenó el retiro del lote del mercado y el cierre de las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A. No obstante, de las 154.530 ampollas distribuidas, aproximadamente el 28% ya había sido administrado a pacientes en distintos hospitales. La justicia, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ha imputado a 24 personas, incluyendo directivos y profesionales, en una investigación que ahora busca determinar las responsabilidades en esta cadena de negligencia que resultó en la muerte de decenas de personas.

SOMBRAS DE LA POLÍTICA

La tragedia del fentanilo rápidamente trascendió el ámbito judicial para convertirse en un campo de batalla político. La diputada Silvana Giudici denunció que el bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados impidió la formación de una comisión parlamentaria para investigar las muertes, retirando el quórum. Giudici acusó a sus oponentes de intentar encubrir la situación debido a las conexiones entre dirigentes de ese espacio y funcionarios del gobierno anterior.

Estas conexiones tienen nombres y apellidos: el dueño de la empresa, Ariel García Furfaro, es conocido por sus vínculos con dirigentes kirchneristas, sindicalistas y exfuncionarios, y se ha reportado que solía visitar a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Además, se investiga la relación de un presunto “comprador” en la trama, Sebastián Nanini, con la Policía Federal y su rol como apoderado del Partido Justicialista en un distrito, lo que sugiere que las conexiones políticas pudieron haber facilitado que el laboratorio operara con laxos controles y sin supervisión rigurosa.

EL OJO DE LA DEA

Las repercusiones del escándalo no se limitaron a las fronteras argentinas. La DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) puso la lupa sobre el país, con un enfoque sorprendente en la provincia de Tierra del Fuego. En su reporte anual, la DEA señala que las diez zonas francas de Argentina y un área aduanera especial en la provincia "carecen de controles suficientes para prevenir el contrabando de grandes cantidades de efectivo y el tráfico de drogas". Esta advertencia, que rompe con el enfoque histórico en el norte del país, sugiere que la agencia ve nuevas y peligrosas rutas para el tráfico de narcóticos.

El reporte de la DEA también critica a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) por sus "recursos limitados, demoras judiciales y mínima supervisión", lo que, según el organismo, restringe la aplicación de las leyes y genera una baja tasa de condenas. La DEA vincula estas deficiencias a las vulnerabilidades de Argentina en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, agravadas por una economía con alta liquidez, un sector informal amplio y la falta de supervisión en áreas clave como el sector financiero, inmobiliario y el juego.

El caso del fentanilo contaminado es más que una simple negligencia médica; es una ventana abierta a un entramado de conexiones políticas, inacción estatal y fallos sistémicos que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. La tragedia ha servido como un duro recordatorio de que la falta de control no solo afecta las finanzas del estado, sino que puede tener un costo humano devastador.