Un informe de Vialidad Nacional reveló que la mitad de las rutas nacionales en 2024 y, a su vez, la mitad de los kilómetros de esos caminos están en regular o mal estado.

Así, el 23,5% de las rutas evaluadas están en condición regular, el 29% en mal estado, con un deterioro progresivo por la falta de mantenimiento; y solamente el 47,5% en buena forma.

El relevamiento, que abarca casi la mitad de los 39.854 kilómetros de la red vial nacional y fue publicado este fin de semana por el diario Clarín, muestra un empeoramiento respecto a 2022, cuando solo el 23% estaba en mal estado.

Las rutas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Tucumán, vitales para el agro, la energía y la minería, están entre las más deterioradas. Según el Instituto Argentina Grande, la inversión en mantenimiento cayó 82% en términos reales, agravando el problema.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) estima que recuperar la red vial costaría US$40.773 millones, diez veces más que mantenerla anualmente (US$4.213 millones). El ahorro en obra pública hoy podría multiplicar los gastos futuros.

El Gobierno busca concesionar rutas a privados para reducir costos, pero expertos cuestionan cómo se financiará. Eduardo Plasencia, exfuncionario de Vialidad, señala que el Impuesto a los Combustibles (ICL), que recauda US$3.000 millones anuales, debería destinarse a mantenimiento y no a gastos corrientes.

Impacto en seguridad y economía
El mal estado de las rutas aumenta los accidentes, como en Neuquén, donde colisiones fatales son frecuentes en accesos a Vaca Muerta. En Salta, la RN51 sufre desprendimientos que obligan a desvíos costosos para la minería.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, marcó las rutas nacionales para destacar el abandono del Gobierno nacional. La provincia recibe 2 millones de camiones anuales durante la cosecha, pero Nación no transfiere su gestión.

Mientras el Ejecutivo prioriza el ajuste fiscal, las provincias reclaman mayor autonomía o fondos para mantener las rutas. Sin inversión, el deterioro seguirá afectando la logística, la seguridad vial y la competitividad económica.

El informe confirma una crisis vial creciente, con consecuencias económicas y sociales. La demora en decisiones claras sobre financiamiento y gestión profundiza el problema, dejando a transportistas y productores en un limbo de riesgos y costos adicionales.