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POLICIALES

15 de julio de 2025

Caso Jessica Vasconcelos: la familia pide justicia y la defensa del imputado alega ya haber cumplido

El padre de la joven fallecida en 2017 realizó una huelga de hambre frente al STJ. Denuncia que el responsable no cumplió su condena. La defensa asegura que sí lo hizo y que fue indemnizada la familia.

Francisco Vasconcelos, padre de Jessica Vasconcelos, quien murió atropellada el 23 de septiembre de 2017 en Resistencia, inició una huelga de hambre frente al Superior Tribunal de Justicia (STJ). Reclama que Juan Gilberto Núñez Barúa, condenado por el hecho, no cumplió la pena completa y que sigue conduciendo a pesar de estar inhabilitado.

El caso lleva más de dos años paralizado por un recurso interpuesto contra la jueza del STJ, Iride Grillo, lo que genera creciente frustración en la familia Vasconcelos. Francisco considera que hay falta de voluntad judicial para avanzar con la causa, y denunció supuestas presiones sobre los magistrados.

“No puede ser que tengan miedo o que estén amenazados. No nos van a callar. A nosotros nos mataron una hija”, expresó el padre de la víctima en diálogo con Alerta Urbana.

Vasconcelos asegura que Núñez Barúa conducía a 140 km/h en pleno centro cuando embistió a su hija. Aunque fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva, el padre sostiene que solo cumplió una parte mínima de la pena. Además, denuncia que lo ha visto manejando, pese a la inhabilitación por 10 años dictada por la Justicia.

La postura de la defensa

Por su parte, el abogado defensor Miguel Barceló negó que Núñez Barúa esté infringiendo la ley y apuntó contra Vasconcelos:

“Él tiene un bozal legal. No puede hablar de la causa ni de Barúa”, afirmó.

El letrado agregó que el día en que se lo acusó públicamente de manejar, Núñez Barúa “presentó pruebas de que estaba realizando otras actividades”. Además, sostuvo que la familia de la víctima ya recibió una compensación económica de 18 millones de pesos, abonada por la aseguradora San Cristóbal.

Núñez Barúa tiene una causa abierta por desobediencia judicial, iniciada en 2020, con una pena prevista de 15 días a 1 año de prisión, pero aún no ha sido juzgado.

 

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