Ocho abogados y 240 personas que solicitaron préstamos personales a una financiera y luego se declararon en quiebra son investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza por una presunta estafa que, sumando el dinero solicitado por todos los denunciados llegaría a unos $40 millones.

La denuncia fue realizada por en los últimos días por Finanpro S.R.L., una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores del sistema formal bajo el nombre de “Rapicuotas” y que funciona desde 2023 en un local de la capital mendocina. 

Según la presentación, la sociedad operó normalmente hasta 2024, donde se detectó una práctica en extremo inusual que llamó la atención de sus autoridades: en pocos meses, una serie de personas solicitaron créditos -en algunos casos por montos significativos, de hasta $2 o $3 millones-, presentaron la documentación correspondiente pero inmediatamente no pagaron las cuotas pactadas, al tiempo que presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el poder judicial. De esta forma Rapicuotas no pudo recuperar los fondos entregados en préstamo.

Ante la situación, la empresa comenzó a averiguar datos sobre sus sospechosos clientes llegando a la conclusión de que la mayoría habría obtenido créditos realizando la misma práctica en otras instituciones dedicadas a la misma actividad, en idéntico período.

Es por eso que la denuncia sostiene que “no se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados”.

Hipótesis del presunto fraude

Para la empresa, la hipótesis de presunto fraude presentado por el abogado Gustavo Gazaldi, querellante por la empresa. es la siguiente: se gestionaron préstamos sabiendo de antemano que no se pagarían las cuotas, ya que presentaron inmediatamente en concurso o quiebra que, evidentemente resultan fraudulentas porque tienen como único objetivo frustrar el pago de las obligaciones asumidas.

“Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria, y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, sostiene la denuncia.

Para los denunciantes se trata de un fraude que supera los $40 millones por lo que no puede considerarse un hecho aislado ya que supera la morosidad corriente y se trata de una “maniobra orquestada deliberadamente con dolo”.

La denuncia es investigada por la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi bajo la carátula de estafa genérica e incluye tanto el nombre de los abogados como de sus clientes.

Entre los primeros pasos dados por la fiscalía se encuentra el secuestro de los expedientes de los concursos preventivos de los acreedores. 

Fuente: Diario Los Andes de Mendoza.