El excura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por el abuso de menores, fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia. En el fallo, los magistrados argumentaron que los delitos prescribieron a 12 años de cometidos.

Rubricado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el veredicto dio lugar al recurso extraordinario interpuesto por la defensa del ex sacerdote, quien fue expulsado del clero por el Papa Francisco en diciembre del año pasado, tras un extenso proceso eclesiástico.

En 2018, Ilarraz fue llevado a juicio por hechos de abuso sexual acontecidos entre 1988 y 1992 en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná. Las denuncias fueron realizadas en 2012 por siete seminaristas, quienes detallaron un patrón persistente de abuso y manipulación cuando eran adolescentes.

Los testimonios coincidían en describir que se trataba de jóvenes procedentes de familias humildes, de ascendencia alemana y tradición católica, marcadas por entornos familiares con figuras paternas ausentes, autoritarias o con problemas de alcoholismo.

Aunque fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual agravado, su defensa presentó reiterados recursos alegando que los delitos ya habían prescrito, argumento que fue desestimado por distintos tribunales.

Finalmente, la Corte Suprema asumió el caso después de evitar pronunciarse, ya que no estaba firme la sentencia. Pasados siete años desde la condena, el alto tribunal aceptó revisar la causa debido a un recurso contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, última instancia judicial provincial. En esta ocasión, los supremos avalaron el planteamiento de prescripción y resolvieron que Ilarraz no puede ser responsabilizado penalmente por los hechos denunciados.

DECISIÓN DEL PAPA

En diciembre del 2024, el Obispado de la Santísima Concepción de Tucumán dio a conocer de manera oficial que el Papa Francisco apartó de manera definitiva del estado clerical a Ilarraz luego de su condena por abusos sexuales contra menores ocurridos en un seminario de Paraná. La decisión fue adoptada tras un proceso administrativo penal conducido por el Tribunal Interdiocesano Bonaerense, cuyo dictamen fue remitido posteriormente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El caso se tramitó conforme a las normas del Sacramentorum Sanctitatis Tutela, y, una vez revisado el recurso del acusado, la Congregación trasladó la resolución al Papa, quien dictó la expulsión definitiva. La diócesis manifestó su total solidaridad con las víctimas y reafirmó su repudio a todo tipo de abuso, subrayando que esta determinación respondía al compromiso de hacer justicia y reparar el daño causado.

La expulsión de Ilarraz del estado sacerdotal fue el resultado de un proceso eclesiástico que se inició a raíz de las denuncias de las víctimas y de las investigaciones judiciales que acreditaron su culpabilidad. Entre los testimonios más significativos se encuentra el de Hernán René Rausch, primer denunciante de los abusos cometidos en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de Paraná. Oriundo de Aldea Santa María, Entre Ríos, Rausch remitió una carta al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en diciembre de 2022, donde expresó su descontento por la lentitud del procedimiento canónico y por las irregularidades ocurridas en etapas previas.

En su mensaje, Rausch señaló que, a pesar de que la justicia ordinaria condenó a Ilarraz en 2018, luego de un proceso iniciado en 2012, el ámbito eclesiástico mostraba una actitud pasiva e ineficiente. Según su relato, estas demoras reflejan una falta de voluntad institucional para afrontar los hechos con transparencia. También recordó que las primeras denuncias contra el exsacerdote datan de los años noventa, durante el arzobispado de Estanislao Esteban Karlic, quien más tarde fue nombrado cardenal.

Asimismo, el denunciante hizo hincapié en que la tardanza de las decisiones vaticanas no solo perpetúa el dolor de las víctimas, sino que además debilita la credibilidad de la Iglesia.

La medida adoptada por el Papa Francisco en 2024 constituye la sanción más grave que puede imponerse a un miembro del clero. Rausch advirtió entonces que el verdadero desafío es evitar que la historia se repita. “Ha llegado la hora de que en la Iglesia Católica Argentina florezca una justicia genuina”, concluyó en su carta dirigida al Vaticano.