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27 de junio de 2025

¿ Y si pasa en Chaco? En Formosa la Justicia ordenó a Vialidad reparar rutas nacionales

Dio lugar a una medida cautelar.

El Juzgado Federal N°1 de Formosa hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor, el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, quienes solicitaron la reparación urgente de rutas nacionales en la provincia.

La denuncia, patrocinada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, apuntó directamente contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por incumplir su obligación legal de mantenimiento.

El juez ordenó a Vialidad que, en un plazo de 90 días, ejecute tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en tramos clave de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95. Uno de los puntos más críticos es el Puente Blanco, cuya estructura presenta hundimientos y socavamientos, y que ya fue escenario de accidentes fatales.

En la presentación judicial, los actores denunciaron que el estado de las rutas representa una amenaza directa al derecho a la vida, la seguridad vial, la salud y el trabajo. La resolución judicial lo confirma: “En este estado de situación, a priori entiendo que no se brinda la seguridad necesaria a los usuarios de las rutas, configurando una amenaza para la seguridad vial y un claro riesgo para la vida”, señala el fallo.

También se advirtió sobre el impacto económico del deterioro: transporte de mercancías más lento y costoso, caída del turismo y restricciones en el acceso a servicios esenciales.

AJUSTE

El fallo se inscribe en el contexto de ajuste fiscal drástico aplicado por el gobierno de Javier Milei, que eliminó casi todos los fondos destinados a obra pública, incluyendo la infraestructura vial.

Esta política ya generó una ola de reclamos en varias provincias, donde las rutas nacionales quedaron literalmente abandonadas, expuestas al desgaste y sin intervención estatal.

Ante posibles críticas de intromisión, la Justicia aclaró que no invade competencias del Ejecutivo, sino que exige el cumplimiento de obligaciones legales ya vigentes. La DNV deberá cumplir la orden judicial en los plazos establecidos, bajo riesgo de incurrir en desobediencia.

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