Este miércoles, el gobierno del presidente Javier Milei, flexibilizó mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial el acceso a armamento semiautomático con cargadores extraíbles, similar al de uso militar, y modificó los procedimientos de tenencia y portación para fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, asociaciones de tiro y usuarios civiles, en el marco de una profunda reforma en el régimen de control de armas de fuego en Argentina.

  A través del Decreto 397/2025, firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se habilitó a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) a autorizar la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto, de calibre superior al .22 LR. Hasta ahora, este tipo de armamento estaba reservado exclusivamente a fuerzas de seguridad.

  "Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR", indica el decreto. Además, contempla que estos materiales puedan utilizarse en actividades deportivas u otros fines lícitos.

  La nueva normativa reemplaza el Decreto 64/1995, que durante más de 30 años prohibía la adquisición y tenencia de estas armas por parte de civiles, salvo con autorización del Ministerio de Defensa. El cambio implica pasar de un régimen de prohibición general a uno de control especial, administrado por la ANMAC.

  Por otra parte, el Ejecutivo también emitió el Decreto 409/2025, que modifica la Ley de Armas y Explosivos, medida que afecta directamente a los procedimientos de tenencia y portación de armas para personal en actividad y retiro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas y policías provinciales, así como también a asociaciones de tiro y usuarios civiles.

  Entre los cambios más relevantes, se delega en las autoridades de cada fuerza la facultad de autorizar la adquisición, tenencia y portación de armas a su personal, “fundada en el estudio de los antecedentes personales y profesionales del peticionante”.

  Una vez otorgada, esa autorización deberá ser comunicada a la ANMAC. Para los civiles, en cambio, el organismo continuará siendo el único competente para otorgar permisos, excepto en los casos de personal de las fuerzas.