La Argentina atraviesa una transformación profunda en su estructura de consumo, especialmente en los sectores medios, como consecuencia del ajuste económico implementado por el gobierno de Javier Milei. Un análisis comparado de consumo, inflación e ingresos revela tres tendencias claras que marcan este proceso: la reconfiguración forzada de las canastas de consumo, la reasignación del presupuesto familiar y un retroceso en la escala social. 

El deterioro del poder adquisitivo obligó a millones de familias a reducir o eliminar consumos habituales. Según los datos más recientes, el 59% del gasto de los hogares argentinos se destinó a servicios, lo que representa un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este aumento se da principalmente en servicios esenciales, cuyas tarifas crecieron muy por encima de los salarios. 

La consecuencia directa es una pérdida de calidad de vida. Productos como carne, lácteos e indumentaria quedaron desplazados en las prioridades del gasto, mientras se intensifica la necesidad de ajustar mes a mes. Medido en bienes concretos, un ingreso promedio hoy alcanza para medio año menos de cuota social en un club de fútbol, dos meses menos de gimnasio y 66 pasajes menos en tren a Mar del Plata. 

El impacto también se ve reflejado en la actividad comercial. Según un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), las ventas en shoppings cayeron cerca de un 24% en el último año. Algunos rubros muestran retrocesos aún más pronunciados: librería y papelería (-57%), perfumería y farmacia (-37%), ropa y accesorios deportivos (-17%) y patios de comida (-3%). 

“Estamos frente a un desproporcionado aumento de tarifas y servicios en comparación con los salarios, lo que obliga a una reconfiguración del consumo y genera una caída marcada en sectores clave. Es una prueba clara de la erosión de ingresos en la clase media”, afirmaron los investigadores. 

Más allá de los números, la realidad cotidiana de millones de familias deja en evidencia el esfuerzo por sostener el nivel de vida en un contexto de pérdida sostenida del poder de compra. Las restricciones en el acceso a bienes, servicios y actividades no sólo reflejan un ajuste económico, sino también un deterioro del bienestar general que afecta a gran parte de la población. 

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