La Justicia Federal con asiento en el Chaco ha intensificado una investigación sobre presunto lavado de activos y fraude con tierras fiscales, centrando su atención en las cuentas bancarias de la familia del ex gobernador Jorge Capitanich y de otros exfuncionarios. 

Esta medida incluyó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para Jorge Capitanich y sus hijas, Jorgelina y Guillermina.

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, solicitó al Banco Central un detalle pormenorizado de las cuentas bancarias, productos financieros y movimientos de fondos de los investigados desde 2020 hasta la actualidad. En este contexto, Alerta Urbana accedió a información preliminar que indica que "parecería ser que las hijas de Capitanich en esas cuentas tendrían una suma cercana a los 500 millones de pesos". E

sta cifra generó sorpresa, contrastándola con las declaraciones del ex gobernador Capitanich de no poseer casa ni auto por lo que sus hijas habrían sido "más exitosas" que él.

La información sobre el levantamiento del secreto bancario ha abierto un flanco de especulación sobre posibles estrategias legales para influir en el curso de la investigación. Las averiguaciones y sospechas de la Justicia se centran ahora en si la difusión de esta noticia podría haber sido una acción deliberada de la propia defensa de Capitanich -vinculada a un estudio jurídico liderado por una ex ministra y jueza de la provincia- con el objetivo de filtrar la información, provocar que el fiscal Amad hablara públicamente y, de esta forma, obtener herramientas para recusarlo y apartarlo definitivamente de la causa. 

Esta hipótesis apunta directamente a la idea de una búsqueda de mecanismos para desvirtuar o entorpecer el trabajo de la justicia federal en la investigación. 

No obstante, según lo que le habrían indicado desde el propio Juzgado, la información recabada por Amad es solamente y al único efecto de seguir investigando y la potencial recusación no ocurrirá en este momento, esperando que el fiscal se expida públicamente recién al final de la causa.

Paralelamente, en el marco del mismo contexto de investigación sobre el "desmanejo de tierra fiscal" y corrupción en su otorgamiento -señalado por la actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales, Ana María Canata-, cobra especial relevancia la situación de Marina Grismado, ex directora general del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI). 

Según las declaraciones de Grismado de 2022, ella experimentó un embate del gobierno provincial, siendo vaciada de poder en su cargo. La otrora funcionaria relató que, tras afectar al personal y confiscar claves, le pidieron la llave de la oficina donde se encontraba el servidor informático con los registros de tierras fiscales. Ante su negativa y apelación a la justicia, Grismado habría afirmado que "no esperaron la resolución de la justicia y entre gallos y medianoche violentaron la puerta e ingresaron y se hicieron del servidor", quitándoles y cambiando las claves para dárselas a otras personas. 

Grismado, en aquella ocasión, calificó la situación como "muy grave" y confirmó que esto permitiría "hacer con esas tierras fiscales lo que quieran".

Hubo un enfrentamiento previo, incluso mediático, entre Grismado y un ex subsecretario de Asuntos Registrables durante la gestión de Capitanich, quien habría reemplazado a una persona citada en una causa como ex presidenta del Instituto de Colonización (Soneira).

Ante este escenario, y considerando la investigación en curso, sería importante y conveniente escuchar ante los estrados judiciales a Grismado, ya que se sospecha o  se cree que ella podría aportar elementos esclarecedores en relación con el manejo de tierras fiscales en la anterior gestión. 

Alertra Urbana pondrá a disposición tanto de Amad como de Patricio Sabadini, ambos fiscales federales con asiento en el Chaco, la entrevista de 2022 con Grismado para ampliar información relacionada con los hechos en RPI con la investigación judicial en curso.

Además, sería interesante una averiguación respecto a si miembros de la justicia que en su momento investigaron ael gobierno anterior, ahora estarían defendiéndolos, habiendo incluso devenido en funcionarios o hasta logrado una banca en la Cámara de Diputados, lo que sugiere la posibilidad de conflictos de intereses o acciones que podrían, de alguna manera, impactar en la independencia y el trabajo de la justicia.

La investigación federal sobre lavado de activos y tierras fiscales contra la familia Capitanich y exfuncionarios se desarrolla así en un contexto donde se plantean interrogantes sobre posibles maniobras destinadas a influir o desvirtuar el accionar judicial, incluyendo la hipótesis de filtraciones intencionales y la situación del acceso irregular a registros clave de tierras fiscales.