Mientras entra en vigencia el nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, el Ejecutivo acelera la elaboración del proyecto de ley que apuntala la regularización de ahorros no declarados. Esta semana se intensifican las gestiones con gobernadores. 

Del pasado domingo, comenzó a regir el nuevo esquema simplificado del impuesto a las Ganancias, una de las piezas clave del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El Gobierno nacional ahora se enfoca en ultimar los detalles del proyecto legislativo que enviará al Congreso en los próximos días, al tiempo que busca sumar adhesiones de las provincias para blindar el paquete fiscal. 

El flamante régimen permite a los contribuyentes personas físicas y sucesiones indivisas optar por una modalidad más ágil para el pago del tributo, sin necesidad de informar sobre sus consumos ni declarar su patrimonio. Según la normativa, quienes residan en el país y sean alcanzados por el impuesto podrán acogerse a este sistema simplificado. 

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que apunta a incentivar la exteriorización de ahorros no declarados, particularmente en efectivo, con el objetivo de integrarlos al circuito financiero formal. Sin embargo, aún resta conocer la versión final del proyecto de ley que presentará el oficialismo. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que la iniciativa será enviada al Congreso esta semana. Entre los puntos destacados, se prevé elevar el monto mínimo a partir del cual la evasión fiscal se considera delito —actualmente fijado en $1,5 millones— y acortar el plazo de prescripción de los delitos tributarios de cinco a dos años. 

“Queremos dar certeza a los ciudadanos de que, si regularizan su situación, no estarán expuestos a futuras revisiones exhaustivas sobre su patrimonio”, señaló Francos. 

En paralelo, el Gobierno mantiene negociaciones con las provincias para garantizar que no se creen nuevos regímenes locales de información tributaria que reemplacen los eliminados por ARCA (ex AFIP). Para ello, busca que las jurisdicciones firmen una adenda que garantice su adhesión al nuevo marco. 

Catamarca, bajo la conducción de Raúl Jalil, fue la primera provincia en expresar formalmente su apoyo a la propuesta, seguida por Tucumán. El resto de los gobernadores aún evalúa los términos concretos de la ley antes de comprometer su respaldo. 

Desde el Gobierno advirtieron que las provincias que decidan no sumarse perderán el acceso a datos relevantes sobre facturación y consumos por encima de los $50 millones, información que actualmente provee ARCA. 

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