El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió nuevamente el paquete de medidas anunciado días atrás, cuyo objetivo es incentivar a ciudadanos y empresas a movilizar sus reservas en dólares no declaradas, comúnmente conocidas como los “dólares del colchón”. 

“Estamos devolviendo libertad. Queremos que los argentinos puedan usar sus ahorros sin que el Estado los trate como sospechosos”, afirmó el ministro en una entrevista emitida por LN+. Además, insistió en que el plan representa un “cambio refundacional”, alejado del modelo de los últimos veinte años, donde —según dijo— el gasto público se duplicó y se empujó a la población hacia la informalidad con un enfoque “soviético”. 

Caputo subrayó que el exceso de controles generó una cultura del ocultamiento: “El Estado partía de la premisa de que había 50 millones de posibles evasores. Así empujó a la gente a la informalidad, lo que alimentó el déficit y obligó a imprimir cada vez más pesos, aplicando después más cepos y regulaciones”. 

Para el ministro, los dólares que los ciudadanos guardan fuera del sistema no cumplen la función de ahorro productivo, sino que representan un simple “atesoramiento”. Según su visión, esto no solo perjudica al país, sino también a las personas, ya que esos billetes pierden valor por la inflación de Estados Unidos y no se utilizan ni para consumo ni para inversión. 

“El cambio que proponemos es cultural y filosófico. No buscamos una reacción inmediata, sino crear condiciones para que se pierda el miedo a operar dentro de la legalidad”, sostuvo. Si bien evitó dar estimaciones concretas sobre cuántos dólares podrían ingresar al circuito formal, Caputo señaló que la medida beneficiará especialmente a pequeños emprendedores. 

En ese contexto, valoró los dichos recientes de Cristina Fernández de Kirchner, quien desacreditó la idea de que flexibilizar los controles fomente el narcotráfico. “Tiene razón. Si nosotros lo decimos, nos putean. Ella lo dijo y se lo aplaudieron. Punto para la expresidenta”, ironizó. 

Caputo también desmintió que la medida vulnere normativas contra el lavado de dinero. Según explicó, tener una base de datos sobredimensionada complica los controles en lugar de mejorarlos. “Es más difícil detectar a los verdaderos delincuentes si el sistema considera a todos como sospechosos”, concluyó. 

Por último, indicó que si se logra una mayor formalización económica, los beneficios llegarán también a quienes pagan impuestos, ya que permitiría reducir la presión fiscal. Estimó, incluso, que en los próximos años podría lograrse una reducción de entre USD 420.000 y 450.000 millones en la carga tributaria. 

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