Como fuera hace un puñado de semanas pero en la causa que impulsa el fiscal Carlos Amad también por presunta cesión irregular de tierras, este viernes la exfuncionaria del gobierno de Jorge Capitanich, Marta Soneira, volvió a postergar su presentación ante la Justicia Federal.

Patrocinada por la exministra de Seguridad Gloria Zalazar, logró que la jueza Zunilda Niremperger dé lugar a un incidente por supuesta nulidad de la investigación que encara el fiscal Patricio Sabadini por la presunta adjudicación irregular de tierras fiscales al líder piquetero Ramón "Tito" López.

En el escrito Zalazar, solicitó la nulidad del requerimiento de instrucción y del llamado a indagatoria, pidiendo su suspensión y, en última instancia, su desvinculación definitiva de la investigación, algo que deberá determinarse con el tiempo.

La investigación, que ha tomado notoriedad por la detención y prisión preventiva de Ramón "Tito" López y su entorno familiar, se centra en una presunta asociación ilícita dedicada a la apropiación sistemática de terrenos rurales de propiedad estatal con fines de lucro personal. El fiscal Sabadini sospecha que se transgredió la normativa sobre tierras fiscales, que exige a los adjudicatarios utilizarlas para emprendimientos productivos y prohíbe operaciones inmobiliarias privadas.

Marta Soneira, quien fuera ministra de Desarrollo Territorial y Ambiente entre 2015 y 2019 fue citada a indagatoria en relación con la presunta cesión "en tiempo récord y de manera irregular" de unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales en el Departamento Güemes. Estos trámites se habrían realizado entre los años 2015 y 2020 e involucrarían un total de 11 terrenos.

Además de Soneira el representante del Ministerio Público imputó a otros exfuncionarios como Raúl John Paris, Walter Ferreyra y Cintia Kaplan, por los delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Para la fiscalía, la "organización ilícita" de la familia López habría contado con la "connivencia y participación" de estos exfuncionarios, que en este caso estuvieron a cargo del Instituto de Colonización. La investigación también apunta a que estos hechos conformaron los "delitos precedentes" que luego dieron lugar al lavado de activos agravado.

Para lo que viene, La Fiscalía anunció que apelará esta suspensión, buscando dar continuidad al proceso y delimitar las responsabilidades individuales en este entramado.