Este jueves, el Gobierno nacional anunciará un paquete de medidas destinado a facilitar el uso de divisas que se encuentran fuera del sistema financiero formal. Se espera que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sea el encargado de detallar la iniciativa durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. 

El objetivo central es alentar el consumo interno permitiendo que los ciudadanos puedan utilizar sus dólares "guardados bajo el colchón" sin temor a sanciones por parte de los organismos fiscales o regulatorios. Para ello, se eliminarían trabas que hoy limitan el uso de ese dinero fuera del circuito bancario. 

Según trascendió, la medida habilitaría la utilización de dólares sin declarar con la simple presentación de una declaración jurada ante la Agencia de Recaudación de Contribuciones Argentinas (ARCA). No habría un tope máximo fijado por adelantado, y algunas partes de la reforma requerirán aprobación legislativa, ya que implicarían modificaciones en la Ley Penal Cambiaria y la Ley Tributaria. 

Inicialmente, el anuncio estaba previsto para la semana pasada, pero fue postergado. “No vamos a darle al kirchnerismo la oportunidad de cuestionar con fines electorales un paquete de medidas clave para los ahorristas”, justificó entonces Adorni, en alusión a la cercanía de los comicios legislativos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Reforma en dos tramos: decreto y Congreso 

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) que la reforma llegará en dos partes: una por vía de decreto y otra mediante un proyecto de ley que será enviado al Congreso. 

Caputo también aclaró que “esto no es un blanqueo tradicional”, sino el inicio de “un nuevo régimen” que parte de una lógica diferente. “No se trata de las normas del GAFI ni de la UIF. Algunas cosas se resolverán por regulación, otras necesitarán aval legislativo”, remarcó. 

Fuentes oficiales señalan que el esquema permitiría declarar y usar montos superiores a los US$150.000 por persona. No obstante, hay sectores del Ejecutivo que prefieren evitar un límite fijo y proponen analizar cada caso individualmente mediante una declaración jurada en la que el contribuyente justifique el origen lícito de los fondos. 

El plan prevé centralizar toda la documentación en el ARCA y se inspira en modelos como el estadounidense, donde se presume la legalidad del dinero salvo que haya indicios concretos de lo contrario. Pese a esta flexibilización, los controles contra el lavado de dinero continuarán vigentes. La Unidad de Información Financiera (UIF) mantendrá su rol como ente encargado de generar reportes y análisis financieros frente a operaciones sospechosas. 

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