En un duro revés para la administración del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), el Tribunal de Cuentas ha revelado que en el ejercicio 2022 la institución no pudo justificar la utilización de una suma millonaria que asciende a los 404.993.997,10 pesos, lo que equivale a aproximadamente 2,5 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, esta cifra corresponde a “Gastos no justificados y documentación faltante” detectados en el control de la partida 400 del Programa 17, Plan “Incentivar Trabajo”.  La investigación se inició a raíz de un control especial relacionado con los fondos públicos recibidos y administrados por la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña del clan Sena y otros posibles beneficiarios, cuyos informes se solicitaron después del femicidio de Cecilia Strzyzowski, en junio de 2023. 
El Tribunal de Cuentas determinó la responsabilidad solidaria en estas irregularidades del entonces Presidente del IAFEP, Carlos Mauricio Andión, y la Coordinadora Unidad de Gestión de Soluciones Habitacionales del IAFEP, María Laura Moreno, ambos detenidos e imputados desde octubre de 2024 por ser considerados autores del delito de violación de los deberes de funcionarios públicos y fraude contra la administración pública en 44 hechos.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran infracciones al Decreto del entonces gobernador Jorge Captanich , que regulaba el Plan “Incentivar Trabajo”, y a la Resolución del Tribunal de Cuentas que aprueba las Normas sobre Rendiciones de Cuentas. 

Además, se observaron graves falencias en la documentación respaldatoria de las órdenes de pago, como falta de convenios previos, ausencia de documentación que justifique los procedimientos de contratación, irregularidades en la documentación de respaldo de la Orden de Pago N° 256433, falta de constancia de pagos de impuestos y falta de requisitos formales en la documentación aportada. 

El informe del Tribunal de Cuentas también detalla irregularidades en las órdenes de pago realizadas a la Fundación Dr. Saúl Andrés Acuña, perteneciente al clan de Emerenciano Sena, que ascendieron a 30 millones de pesos y un caso de sobreprecios en la refacción de la capilla Cura Brochero, donde se evidenció que la documentación de respaldo del pago fue adaptada para justificar el reconocimiento de la obra, sin que existiera un convenio previo firmado entre la Fundación un Nuevo Chaco en Crecimiento y el IAFEP.