Del 11 al 15 de abril la línea telefónica 134 habilitada por el gobierno nacional para denunciar presiones a quienes deseaban trabajar el 10 de abril derivó en seis presentaciones penales por atentado, extorsión y coacción. Las acusaciones apuntan a los sindicatos UOM, SMATA, UOCRA, la Unión Ferroviaria y Obras Sanitarias.  

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó esos planteos luego del último paro nacional en el país. Inmediatamente después de la medida de fuerza, las denuncias penales llegaron a Comodoro Py.

Según indicaron fuentes judiciales, habría más presentaciones en las provincias.

El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera de Seguridad, Fernando Soto, fue el encargado de realizar todas las presentaciones contra los sindicatos.

Soto realizó las primeras dos presentaciones. Una fue por coacción y extorsión y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La segunda denuncia fue contra Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por amenazas y extorsión y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema.

Cuatro días más tarde, Soto volvió a denunciar a sindicatos por amenazas y extorsión a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias y la Unión Ferroviaria. Esos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.

Bullrich había adelantado el mismo día del paro que el ministerio recibió “más de mil llamados” para denunciar a sindicatos por supuestos “aprietes” para parar. “Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, señaló.

“Tuvimos más de mil denuncias y le pedimos perdón a la gente que llamó y los tuvimos en espera”, repitió luego de afirmar que “la Argentina es retrógrada en instituciones sindicales que trabajan para ellos y en su propio interés”. 

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