Suele decirse que la política está alejada de la realidad y sus problemas y esto queda comprobado con las llamadas jubilaciones de privilegio para expresidentes, vicepresidentes y viudas. Son parte de una casta que se beneficia con el dinero público solo por pasar circunstancialmente por un cargo a contrapelo de la mayoría de la ciudadanía con jubilaciones que no cubren las necesidades esenciales.

La ostentosa brecha económica se evidencia al repasar algunos de los montos que han salido a la luz: Mauricio Macri cobra la escandalosa suma de 15 millones de pesos mensuales, seguido por Adolfo Rodríguez Saá con 13 millones de pesos. La lista continúa con Zulema Yoma, viuda de Carlos Menem, percibiendo también 13 millones de pesos, Bety Andrés, viuda de Levingston, con 12 millones de pesos, e Inés Pértine, viuda de Fernando De la Rúa, con otros 12 millones de pesos.

No se quedan atrás los exvicepresidentes, ya que Gabriela Michetti y Julio Cobos reciben cada uno 11 millones de pesos mensuales. Incluso Estela Martínez de Perón percibe la considerable suma de 9 millones de pesos. Aunque los montos exactos de las jubilaciones de Alberto Fernández y Daniel Scioli aún se desconocen, es difícil imaginar que se alejen significativamente de estas cifras millonarias.

Estos privilegios, otorgados por haber ocupado los cargos más altos del país, generan un profundo malestar en una Argentina donde la inflación erosiona constantemente el poder adquisitivo de los ciudadanos y donde una parte importante de los jubilados lucha por llegar a fin de mes con ingresos que apenas superan la línea de pobreza.

Mientras millones de argentinos se debaten entre pagar el alquiler, comprar alimentos o acceder a una atención médica digna, un puñado de exfuncionarios y sus cónyuges disfruten de ingresos mensuales que superan varias veces la jubilación mínima Esta pregunta resuena con fuerza en las calles, en las redes sociales y en cada conversación cotidiana.

La justificación de estas jubilaciones de privilegio, basada en los servicios prestados a la nación, se desmorona ante la cruda realidad de un país con altos índices de pobreza y una distribución de la riqueza profundamente desigual. La sensación de injusticia se agudiza al comparar estos montos con los magros ingresos de aquellos que trabajaron durante décadas y hoy reciben pensiones insuficientes.