El Congreso de la Nación vivió una jornada convulsionada en el marco del debate por el DNU del FMI, y no solo por las tensiones propias del tema en discusión. Un audio filtrado y atribuido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desató un escándalo al revelar que el dirigente libertario habría instruido a su bloque para alterar la sesión con gritos y agresiones verbales. "Los quiero gritándome, a los gritos, puteándome, nada de algo pacífico", se escucha en la grabación, difundida ampliamente en la mañana del miércoles. La reacción de los distintos bloques no se hizo esperar, exigiendo respuestas que nunca llegaron.  

El diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) fue el primero en confrontar a Menem en el recinto, exponiendo la existencia del mensaje de voz y denunciando la maniobra para entorpecer el debate parlamentario. Sin embargo, el presidente de la Cámara evitó referirse al tema y desvió la discusión, otorgando la palabra a otro legislador. Más tarde, la diputada Vanina Biasi (Frente de Izquierda)también se hizo eco del escándalo y exigió que el caso fuera investigado por la Justicia, denunciando además que el gobierno y Menem suspendieron sesiones de manera irregular.  

El contenido del audio refuerza la idea de una estrategia planificada para interferir en la sesión. En él, se indica que al menos cuatro legisladores oficialistas debían mantenerse en sus bancas pidiendo cuestiones de privilegio de forma constante para generar interrupciones. Además, se insta explícitamente a desafiar al propio presidente de la Cámara para forzar discusiones reglamentarias. "Dientes apretados en todo momento", enfatiza la voz en el mensaje, en un tono que dista de la ecuanimidad esperable de una autoridad parlamentaria.  

Mientras el oficialismo intenta minimizar el impacto del escándalo y Menem guarda un llamativo silencio, las críticas se acumulan y la situación suma tensión a una jornada ya marcada por la protesta de jubilados en las calles. En el Congreso, las estrategias dilatorias y el desorden promovido desde la propia conducción legislativa ponen en jaque la legitimidad del debate democrático.