El gobernador Leandro Zdero dialogó este martes de manera exclusiva con Gustavo Olivello al aire de Alerta Urbana y adelantó cuáles serán los pasos del Estado en torno a la millonaria multa impuesta por la Justicia por incumplimiento con la comunidad wichí de la provincia.

Se trata de una sanción diaria de $85,9 millones impuesta por el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia por incumplir una medida cautelar que obligaba a garantizar derechos básicos de alimentación y salud a ciudadanos wichí en el noroeste de Chaco. 

“Por supuesto que vamos a apelar”, señaló Zdero, minimizando la multa judicial y apuntando contra la decisión del Civil y Comercial 6.

Reafirmando la postura de su gobierno ante la posibilidad de la sanción, el mandatario consideró que la medida "no tiene sustento jurídico ni tampoco respaldo desde el punto de vista social y territorial".

Profundizando en su postura, Zdero dijo que solamente se trata de “una sugerencia” que hace el fiscal y que "ninguno de los testimonios (citados por la Justicia) están documentados, ni siquiera con nombre, con apellido, ni con documento".

Por otra parte, mencionó que el Estado cubre las demandas de las comunidades originarias "en todo el territorio de El Impenetrable con una asistencia" que se distribuye a través del "operativo que se hace en el interfluvio", en relación a los despliegues bimestrales que ejecuta el Ministerio de Capital Humano de la Nación con apoyatura del Ejército Argentino.

La multa contra el Estado chaqueño

La multa, fijada por el Juzgado Civil y Comercial 6 de Resistencia en $85,9 millones diarios, busca forzar al Estado provincial a asistir a unas 20 mil personas en situación de extrema vulnerabilidad.

La medida judicial, originada en una acción de amparo presentada en diciembre de 2024, ordenaba desde marzo pasado proveer agua potable y alimentos de forma "continua y adecuada" en zonas como Misión Nueva Pompeya y El Sauzalito. El juez Jorge Mladen Sinkovich fundamentó la sanción en la "obligación impostergable" del Estado de garantizar derechos constitucionales básicos.

El gobierno provincial apeló la decisión, argumentando que ya brinda asistencia a las comunidades y calificando el fallo como de "finalidad mediática". Sin embargo, informes de la Defensoría Adjunta y el IDACH (Instituto del Aborigen Chaqueño) demostraron que la ayuda es esporádica, insuficiente y no llega a todas las familias, afectando especialmente a niños y adolescentes.

Aunque la multa representa un aporte económico relevante, fuentes judiciales advierten que el proceso aún no concluye y que las comunidades siguen esperando una solución real. La resolución destaca la deuda histórica y la discriminación estructural que sufren los pueblos originarios en la provincia.