Un nuevo capítulo se suma a la investigación por presunta corrupción en la provincia del Chaco, con la imputación de la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira, por parte del fiscal federal Carlos Amad. 

La noticia, dada a conocer en Alerta Urbana durante una entrevista con Gustavo Olivello, sacude el escenario político local y pone bajo la lupa la gestión de tierras fiscales durante el mandato de Jorge Capitanich.

Según declaraciones del fiscal, Soneira enfrenta cargos que incluyen fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo agravado. 

La gravedad de las imputaciones se ve aumentada por la sospecha de que estos delitos se cometieron con habitualidad, como parte de una banda y aprovechando su posición como funcionaria pública. Además, se le imputa abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de la función pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de su cargo .

La investigación se centra en el otorgamiento irregular de tierras fiscales, donde la figura de Soneira aparece como central debido a sus roles previos y concurrentes. 

Amad destacó que Soneira no solo fue ministra de Desarrollo Ambiental, sino que también ocupó simultáneamente el cargo de presidenta del Instituto de Colonización y que esa superposición de funciones es señalada como una posible incompatibilidad que habría facilitado las maniobras irregulares. 

La hipótesis que maneja la fiscalía es que Soneira, en su rol como presidenta del Instituto de Colonización y luego como ministra en cuya órbita dependía dicho instituto, pudo haber "preparado el terreno" para estas adjudicaciones irregulares, culminando estas acciones cuando ostentaba mayor poder como ministra.

Junto a Soneira, la investigación involucra a un grupo de personas estrechamente relacionadas con ella. El fiscal mencionó la imputación de Mauricio Ariel Cian, esposo de Soneira, así como a Nelson Ariel Pochón, Diego Soneira, Federico Torti, Federico Gabriel Soneira y Leandro Nicolás Bessone. 

Estos individuos están acusados de fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos de origen delictivo agravado en el mismo contexto de las irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales. La conexión familiar y empresarial entre Soneira y estos imputados sugiere un posible esquema organizado para defraudar al Estado a través de la disposición irregular de terrenos públicos .

También se encuentra imputada Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización, por fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activo de origen delictivo, lo que la vincula directamente con la gestión de tierras durante el período investigado.

El fiscal subrayó que la denuncia que dio origen a esta investigación fue realizada por la actual presidente del Instituto de Tierra Fiscal, “Marilín” Canata, y que "todo lo que denunció la resultó cierto". Esto refuerza la credibilidad de las acusaciones y la solidez de la investigación llevada adelante por la Fiscalía Federal.

Ahora, con el requerimiento de instrucción presentado, se espera que la justicia avance en la investigación, se cite a indagatoria a los imputados y se esclarezcan los detalles de este presunto esquema de corrupción que involucra a ex funcionarios de alto rango en la provincia. 

El requerimiento contra Soneira

El fiscal le imputó a Soneira los delitos de poner en circulación, administrar, vender y transferir, con habitualidad, fondos de procedencia ilícita, a través de distintas personas físicas y jurídicas, integrando una organización criminal, aprovechando su rol como funcionaria pública.

También la ubica como autora penalmente responsable en los distintos hechos de corrupción, fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e Incumplimiento de deberes de funcionaria pública, relacionados con la entrega de tierras fiscales a distintas personas que forman parte de su vínculo más íntimo. Esto incluye la adjudicación de cuatro inmuebles en el Departamento Almirante Brown a Storti, Bessone y Pochón, socios de su marido Mauricio Cian .

También pide investigarla por no presentar la declaración jurada siendo su obligación como funcionaria pública; evasión fiscal, fraude en perjuicio de la administración pública y por haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita mediante la obtención de beneficios como socio gerente de la firma Grupo Pampa Agro SRL. Esto incluye la solicitud de beneficios promocionales a través de actuaciones electrónicas.

Las partes involucradas en esta nota tienen su correspondiente derecho a réplica, comunicándose con la producción del programa Alerta Urbana de lunes a viernes de 9 a 13 a los teléfonos 3624-100411 / 3624-622442.

 

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