Con el inicio del período legislativo, el oficialismo se dispone a impulsar una ambiciosa batería de reformas que abarcan áreas clave del funcionamiento del Estado. La agenda incluye cambios en materia tributaria, laboral, migratoria y penal, con el objetivo de redefinir el rol del sector público, reducir el gasto y modificar normativas vigentes. Estas iniciativas responden a la visión del presidente Javier Milei, quien en su discurso de apertura de sesiones aseguró que las medidas tomadas hasta ahora representan solo el comienzo de un proceso más profundo de transformación.  

En el ámbito económico, el Gobierno busca consolidar la disciplina fiscal mediante una reforma tributaria que reduzca la cantidad de impuestos nacionales y elimine tributos provinciales considerados distorsivos, como Ingresos Brutos. Asimismo, propone un tope al gasto público consolidado para 2027, obligando a la Nación, provincias y municipios a ajustarse a un esquema de menor intervención estatal. En paralelo, la reforma laboral apunta a flexibilizar el régimen de indemnizaciones, promover la formalización del empleo y modificar la estructura sindical para aumentar la representatividad interna.  

Por otro lado, la agenda migratoria del Ejecutivo pretende imponer el cobro de servicios públicos a extranjeros no residentes y restringir el acceso gratuito a la educación y salud. En materia judicial, el oficialismo promueve cambios en el Código Penal, incluyendo la baja de la edad de imputabilidad y el agravamiento de penas para delitos graves. Además, se plantea la eliminación de normativas con perspectiva de género, como la figura del femicidio y leyes de cupo. Con este paquete de reformas, el Gobierno busca sentar las bases de un modelo con menor presencia estatal y mayor protagonismo del sector privado, una agenda que promete debates intensos en el Congreso.