El Juzgado Federal Civil y Comercial 2 rechazó un pedido de Cristina Kirchner para declarar la caducidad de la demanda en su contra por daños y perjuicios estimados en $22.300 millones. La causa, iniciada durante la gestión de Mauricio Macri, busca que la exvicepresidenta, su exsocio Lázaro Báez y otros funcionarios condenados en la causa Vialidad, respondan con su patrimonio por los contratos viales adjudicados en Santa Cruz que quedaron inconclusos.

La demanda civil, que lleva la carátula "Dirección Nacional de Vialidad c/ Fernández, Cristina Elizabet y otros s/ responsabilidad por daños", fue reactivada por la Corte Suprema en diciembre de 2022. El máximo tribunal ordenó que el Juzgado Civil y Comercial Federal N°11, a cargo de Alejandro Nobili, continúe con el proceso.

El reclamo se centra en los daños ocasionados al Estado por los contratos otorgados a Báez, quien abandonó 24 rutas en Santa Cruz tras recibir fondos públicos.

En su fallo, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) había señalado que los contratos implicaron una "maniobra fraudulenta" que perjudicó al Estado en $85.000 millones, ajustados por inflación.

La exvicepresidenta argumentó que la demanda debía declararse caduca por inacción, ya que no hubo avances significativos desde octubre de 2023. Sin embargo, el juez Marcelo Bruno Dos Santos rechazó el pedido, señalando que no hubo una paralización total del proceso y que los actos realizados fueron suficientes para mantenerlo activo.

Cristina también insistió en que la causa debería tramitarse en Comodoro Py, sede de los tribunales federales, en lugar de en el fuero civil. Este argumento también fue desestimado.

La continuidad de la demanda ahora depende en gran medida del gobierno de Javier Milei. La Procuración del Tesoro, encargada de representar los intereses del Estado, tiene la facultad de desistir del reclamo o no impulsarlo. Durante la gestión de Alberto Fernández, el entonces procurador Carlos Zannini, cercano a los Kirchner, evitó avanzar en la causa.

Milei podría optar por mantener la demanda, designar nuevos abogados para impulsarla o, por el contrario, ordenar su archivo, lo que sería interpretado como un gesto político hacia la exmandataria.

La decisión del juez Dos Santos marca un nuevo revés para Cristina Kirchner en el ámbito judicial. Mientras tanto, la demanda por $22.300 millones sigue su curso, con la incógnita de cuál será la postura del gobierno nacional respecto a este reclamo histórico por los contratos viales en Santa Cruz.