El Gobierno Nacional, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Javier Milei, autorizó a las Fuerzas de Seguridad Federales a reutilizar las armas incautadas a bandas criminales. Esta medida, según justifica el gobierno, buscará optimizar los recursos y reducir el gasto en la compra de nuevo material bélico, además de agilizar la gestión de las armas decomisadas.

El decreto establece que las armas secuestradas a organizaciones criminales que se encuentren en condiciones adecuadas serán entregadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Esta entidad será la encargada de determinar el destino, pudiendo ser reutilizadas por las fuerzas de seguridad para reforzar sus capacidades operativas. De acuerdo con la normativa, la reutilización de estas armas evitará nuevos gastos y ofrecerá una alternativa más eficiente a la compra de material militar adicional.

El rol de Bullrich

La modificación de la Ley N° 25.938 también introdujo cambios en el manejo de las armas decomisadas. Ahora, las fuerzas de seguridad, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad, liderado por la ministra Patricia Bullrich, tendrán la potestad de decidir si las armas serán destruidas o se les dará un nuevo uso. De acuerdo con la modificación, estas armas solo podrán ser utilizadas por las fuerzas policiales y de seguridad federales, con el objetivo de evitar su distribución o uso fuera del ámbito institucional.

Según los responsables de la medida, el uso de armas secuestradas no solo disminuirá los costos asociados con su almacenamiento y destrucción, sino que también permitirá a las fuerzas de seguridad contar con equipamiento sin incurrir en gastos adicionales.

La disposición del DNU 103/2025 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y estará en funcionamiento hasta el próximo año, cuando será evaluada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional. Esta evaluación tendrá como objetivo analizar el impacto de la medida, tanto en términos de eficiencia operativa como en el fortalecimiento de la seguridad pública.

Desde su promulgación, el decreto generó un debate sobre las implicancias en la política de seguridad y el manejo de los recursos del Estado. Los detractores de la medida cuestionan la reutilización de armas incautadas, mientras que el Gobierno defiende la iniciativa como una solución práctica y necesaria para enfrentar los desafíos de la seguridad en el país.