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ACTUALIDAD

2 de enero de 2025

Gobierno levantó la prohibición de vender residuos metálicos

La medida se tomó con la finalidad de apuntalar negocios de reciclado y revalorizar el precio local de estos materiales.

La intención de la gestión de Javier Milei continúa dando pasos hacia la apertura del comercio exterior. Con esa premisa el Gobierno nacional decidió no prorrogar varios decretos que no permitían la venta al exterior de chatarras y residuos metálicos. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la cual da fin a un prohibición que se mantuvo vigente desde 2009. 

"El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos", sostuvo el funcionario en su cuenta oficial de X.

Según el ministro, aquella limitación era "nociva por varios motivos" y enumeró los inconvenientes que trajo: "Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado", remarcó en el inicio y resaltó que limitaba un "sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía". 

Entre los ejemplos que las iniciativas truncadas citó la reutilización de cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse. Sturzenegger aseguró también que en estos meses el Gobierno recibió  "incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición".

"De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos. La norma original fue de julio de 2009 y se pensaba que duraría 180 días. Pero como en Argentina todo lo transitorio tiende a convertirse en permanente se renovó", agregó el funcionario libertario. 

"La eliminación de este tipo de medidas es el triunfo de la libertad por sobre el lobby", resaltó el ministro encargado de la desregulación y transformación del Estado.

DE QUÉ SE TRATABA LA PROHIBICIÓN

La medida de suspender la exportación de estos materiales data de enero de 2009 cuando se emitió la Resolución Conjunta N° 1 del ex Ministerio de Producción y N° 2 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas activos en aquel momento. Entre los fundamentos se sostenía que "la industria argentina ve afectado el aprovisionamiento de desperdicios y desechos de metales ferrosos, siendo éstos materia prima esencial para su desenvolvimiento", publica hoy MDZ.com.

Luego de hacer pública esta decisión y vencido el plazo de 180 días que se estableció originalmente, las diferentes gestiones que siguieron prorrogaron su aplicación. Tal como lo señala Federico Sturzenegger, "se renovó con los decretos 2261/09, 901/10, 1513/12, 374/14, 1102/15 (Cristina), 823/16, 848/17, 970/18, 664/19 (Macri), 1040/20 y 70/23 (Alberto)".

Las normas emitidas por el ex presidente Alberto Fernández fueron las últimas en prorrogar la venta al exterior de nueve posiciones arancelarias, principalmente de chatarra y desechos metalúrgicos del hierro, acero, cobre, aluminio y otros similares. Insistían, además, con la necesidad de la industria local de utilizar estos materiales para su propia producción. 

Para la anterior gestión, la prohibición apuntada a aumentar la oferta de metales básicos y, como consecuencia, bajar sus precios dentro del mercado interno. "Se busca mejorar, no sólo la competitividad de las empresas metalúrgicas, sino también la de todas aquellas industrias a lo largo de la cadena de valor que requieren de acero, cobre y/o aluminio para su producción", comentaron fuentes oficiales a Infobae en su momento. 

"Es por eso que se procedió a continuar con la suspensión de las exportaciones, tanto definitivas para consumo como también con destinación suspensiva temporaria, de desperdicios de hierro, acero, aluminio y cobre que clasifiquen en las respectivas posiciones arancelarias", argumentaba el entonces Ejecutivo entre los considerandos del decreto. 

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