El Gobierno de Javier Milei ha decidido no solicitar la anulación de la sesión del Senado que culminó con la destitución de Edgardo Kueider, a pesar de las críticas del primer mandatario, quien la había considerado “inválida” por supuestas irregularidades en el procedimiento.

Manuel Adorni, vocero de la Presidencia, confirmó esta postura durante una entrevista televisiva, donde señaló que, aunque persisten dudas sobre la legalidad del proceso, no se tomarán medidas para revocar la decisión legislativa. "El presidente expresó su preocupación, pero hemos optado por no avanzar en un pedido de nulidad", aseguró el funcionario.

La destitución de Kueider, miembro clave dentro del bloque oficialista, fue impulsada por sectores alineados con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien Milei mantiene una creciente disputa política. Este episodio se suma a una serie de tensiones entre ambos líderes, que no solo comparten el poder ejecutivo sino también una relación marcada por desacuerdos estratégicos y enfrentamientos internos.

El caso de Kueider ha evidenciado las fracturas entre el oficialismo y la conducción de la Cámara Alta, encabezada por Villarruel. Desde el entorno presidencial, algunos allegados han sugerido que la vicepresidenta habría actuado con "autonomía excesiva", desafiando las directrices del Ejecutivo en un tema políticamente sensible.

A pesar de la decisión de no judicializar el asunto, el presidente Milei ha dejado entrever que se evaluarán nuevas estrategias para evitar que situaciones similares erosionen su agenda legislativa en el futuro. Mientras tanto, la oposición también observa el caso de cerca, anticipando un escenario político aún más polarizado en los próximos meses.