El Gobierno nacional oficializó la subasta de un edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la calle Cerviño 3101/67, en el barrio porteño de Palermo. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 70/2024  de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Según la información oficial, el inmueble tiene una superficie de 919,10 metros cuadrados y actualmente alberga a 140 empleados que trabajan en áreas como Fundación ArgenINTA, INTeA, y las direcciones de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica. La medida forma parte de un plan del Poder Ejecutivo que busca "eficientizar el rol del Estado" a través de la venta de bienes inmuebles considerados innecesarios.

Los empleados afectados por esta decisión todavía no recibieron información concreta sobre posibles reubicaciones o cambios en sus condiciones laborales. La subasta se realizará en las próximas semanas. 

La norma que sustenta esta decisión, argumenta que el edificio utiliza menos de la mitad de su capacidad operativa y genera altos costos de mantenimiento y custodia. En este marco, el Gobierno planea recaudar unos 800 millones de dólares mediante la subasta, lo que contribuiría a reducir el déficit fiscal y optimizar el uso de los recursos públicos. 

"La presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo de hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal", señala el texto oficial. Además, se destacó que la venta del edificio permitirá destinar los recursos obtenidos a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas.

La subasta de bienes estatales no es una política nueva, pero la decisión generó polémica. En ese sentido desde la oposición señalaron que el gobierno libertario está priorizando la venta de activos estratégicos en lugar de buscar alternativas para su aprovechamiento eficiente. En contraste, el Ejecutivo sostiene que la medida es parte de una estrategia integral para reordenar el uso del patrimonio público y reducir costos innecesarios.

Desde la AABE, su titular Nicolás Alberto Pakgojz explicó que estas decisiones responden a una política de "modernización y optimización de la gestión estatal". Según Pakgojz, la desocupación progresiva de inmuebles subutilizados permite focalizar los recursos en áreas prioritarias del gobierno.