Lo hizo a través de un posteo en X de su secretario de Estado, Antony Blinken. “El pueblo venezolano habló contundentemente el 28 de julio e hizo @EdmundoGU el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, afirmó.

El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en medio de una ola de denuncias de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado, que reivindicó el triunfo de su candidato, González Urrutia.

El exdiplomático se refugió en España a principios de septiembre. Tenía una orden de arresto en su contra “por sus reiteradas incomparecencias” ante la fiscalía, que lo investigaba por “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, conspiración, sabotaje e instigación a la desobediencia de las leyes” después de que la oposición publicara sus propias actas electorales que demostrarían su triunfo en los comicios.

La decisión se conoció después de que trascendiera un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realizan negocios con cualquier gobierno de ese país no reconocido por Washington.

Casi cuatro meses después de las elecciones venezolanas, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del Presidente para entrar en vigor.

El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.

“De manera desvergonzada, le han colocado el acrónimo de Bolívar, en una ofensa contra el genio más grande de la historia americana, quien dedicó su vida a derrotar el imperialismo y el colonialismo, anti valores contenidos en este nuevo ataque criminal”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el gobierno venezolano, este instrumento está destinado a impedir la cooperación económica entre ambos países y viola la Carta de la ONU “sumándose a las más de 930 medidas coercitivas unilaterales y extraterritoriales” impuestas a Caracas.