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ACTUALIDAD

14 de noviembre de 2024

El Gobierno eliminó el ente responsable del agua potable para “optimizar los recursos del Estado”

La medida se oficializó este jueves, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El gobierno de Javier Milei oficializó la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con el objetivo de evitar la duplicación de funciones y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos hídricos. Lo hizo mediante el decreto 1020, publicado este jueves en el Boletín Oficial

El organismo se creó en 1995 con la premisa de “planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país y controlar la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento”.

Según los considerandos del decreto, la medida busca, además, una mayor centralización y coordinación en las políticas de infraestructura hídrica. En el texto oficial, el Ejecutivo sostiene que la decisión se enmarca en la necesidad de ordenar y equilibrar las cuentas públicas.

“Resulta prioritario optimizar los recursos del Estado, asegurando la eficacia, eficiencia, economía y sencillez en la implementación de los objetivos estratégicos de la gestión”, explicaron desde el gobierno.

El Gobierno disolvió el Enohsa, el organismo encargado de ejecutar las obras para garantizar el acceso de la población al agua potable. (Foto: NA). El Gobierno disolvió el Enohsa, el organismo encargado de ejecutar las obras para garantizar el acceso de la población al agua potable. (Foto: NA).

El decreto establece que a partir de los 30 días de su publicación, el ENOHSA será disuelto y sus funciones serán transferidas a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

A principios de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que, en el marco del plan “motosierra” impulsado por el presidente, el Gobierno tenía previsto cerrar “ese antro de corrupción”, en referencia al ENOHSA.

La disolución del ente se basa en la Ley N° 27.742, que declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética y otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para reorganizar organismos y reducir la estructura estatal.

Desde Economía destacaron que “la gestión centralizada permitirá una asignación de recursos más eficiente y enfocada en las zonas con mayores necesidades”.

 

 

 

 

 

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